La tradición colombiana ha sido la de ver la protesta social como la expresión de acciones cuasi-subversivas. En esto influye, de un lado, la herencia de la guerra fría que en Colombia sigue manteniendo rezagos por la persistencia del viejo conflicto interno armado y que tiende a mirar, desde los sectores del establecimiento, toda expresión de inconformidad social como producto de la estrategia del ‘enemigo’ comunista –ahora subversivo- y su acción desestabilizadora y, del lado de los dirigentes tradicionales de izquierda como la manifestación de una potencial explosión social revolucionaria.
De otra parte, está la tendencia que apunta a no ver claramente en la protesta social la expresión de demandas sociales legítimas a las cuales se espera que el gobierno dé respuestas en términos de políticas públicas, sino la posibilidad de construir oposiciones al gobierno de turno y de esa manera desgastarlo y debilitarlo, aunque no se consigan respuestas precisas, pero buscando que las mismas se puedan traducir en acumulados electorales en el debate electoral mas próximo.
Creo que en la medida en que se visualiza la superación del conflicto armado y la llegada de un período de implementación de acuerdos o de postconflicto, hay necesidad de hacer un proceso de aprendizaje acerca del significado y el rol de la protesta social. En primer lugar, si ya no van a existir grupos guerrilleros se acaba el pretexto de explicar toda protesta social como una forma de instrumentalizar a sectores sociales por parte de los grupos subversivos y se plantarán otros análisis y discusiones sobre los problemas que están en la base de la inconformidad social. Pero igualmente en los sectores sociales se debe situar la protesta como un mecanismo de expresión de descontento y de demandas insatisfechas y el objetivo debe ser que el gobierno, en lo local, lo regional o lo nacional, dé respuestas a las mismas y para ello genere espacios de interlocución y de búsqueda de acuerdos. Esto significa que los gobiernos deben prepararse y preparar sus equipos para enfrentar los conflictos como parte de su actividad permanente y entonces será claro que la protesta social debe hacerse sin acudir a métodos violentos o que vulneren derechos fundamentales de los ciudadanos.
Incluso, habría que plantearse la posibilidad de generar, como producto de los acuerdos que se deriven de las protestas, mecanismos de participación social efectivos en la formulación y ejecución de políticas públicas y de co-responsabilidad en evaluación de aquellas que apunten a atender las demandas sociales específicas y en esa medida tendrá nuevo sentido la relación entre el Gobierno y la sociedad que conlleve la posibilidad de tareas de cooperación y no solamente la tradicional mirada de confrontación. Es decir, tenemos el desafío de cambiar el sentido de la participación social e incluso pensar nuevos mecanismos para materializarla.
Por supuesto, esto implica la exigencia permanente a los gobiernos de ser eficaces en su trabajo, de estar siempre atentos a dar respuestas a las demandas sociales –lo que conlleva un sentido del servidor público distinto al que sólo usa el poder para atropellar al ciudadano, sino quien acepta la responsabilidad de poner su empeño en la solución de problemas públicos-, porque sólo de esta manera tendrá aceptación y confianza de los ciudadanos y tendrá la legitimidad para exigirles a los sectores sociales que las vías de hecho sólo debe ser la última opción y que antes se deben agotar los canales institucionales, entre ellos los gremios, organizaciones sociales y partidos políticos que deben jugar roles de canalización y trámite de demandas y no solamente de irle a pedir el voto al ciudadano.
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