La vida es irónica. Hace siete años, el gobernador de Antioquia, Guillermo Gaviria, fue el único funcionario del Estado que, conmovido por las matanzas que ocurrían en el Alto Naya, viajó hasta el Cauca, lejos de su jurisdicción, para ponerse al frente de las acciones humanitarias. Gaviria coordinó personalmente el rescate de las víctimas, que fueron más de cien, y el suministro de víveres y medicinas a los cientos de refugiados que lograron huir de las motosierras y las balas de los grupos paramilitares. Un año después, el gobernador fue secuestrado por las Farc durante una marcha por la paz en Antioquia, y meses más tarde fue asesinado por ellas, junto con Gilberto Echeverri, su asesor de paz, y varios policías, ante un intento de rescate por tropas del Ejército Nacional.
Seis años después, más de diez organizaciones de indígenas, campesinos y pobladores negros del Naya, han viajado a Medellín para lanzar un grito de auxilio a Colombia y el mundo, desde la tierra de Guillermo Gaviria. Según el Colectivo Jenzera, la tragedia en el Alto Naya continúa. La zona se volvió un objetivo de guerra. Ésta sigue provocando el desarraigo territorial de las poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes que habitan la hoya del río, y que habían logrado recuperar con 149 títulos colectivos más de 5 millones de hectáreas de tierra para unas 60 mil familias. Esa conquista, sin embargo, se volvió su maldición. Así lo aseguran Gonzalo Sánchez y María Emma Wills, de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, en el informe sobre el caso del río Naya preparado por Pedro García Hierro y el Colectivo Jenzera.
La cuenca hidrográfica del Naya está situada en los departamentos del Valle y Cauca, entre la Cordillera Occidental y las costas del Océano Pacífico. Su territorio está en jurisdicción de los municipios de Buenaventura, en el Valle, y López de Micay y Buenos Aires, en el Cauca. Hasta finales de la década de 1980, el Naya todavía se hallaba al margen del conflicto armado. Pero a partir de 1990, varios factores la vincularon con la violencia del resto del país. La historia empezó con la llegada de los cultivos de coca y el aprovechamiento del aislamiento de la región para la producción y tráfico de drogas. Luego, ésta se convirtió en refugio de grupos armados que entraron a las selvas y los ríos a sangre y fuego. La violencia se agudizó con las fumigaciones de las plantaciones cocaleras del Putumayo, que desplazaron los cultivos ilícitos al litoral de Nariño, y luego hacia el norte de la costa Pacífica. En el Naya, junto con las avanzadas de los frentes cocaleros, aparecieron poco a poco las guerrillas de las Farc y el ELN, que empezaron a disputarse el control de zonas consideradas estratégicas, como el curso del Naya y los manglares de las bocanas.
La situación se complicó cuando los guerrilleros que dominaban la parte alta empezaron a llevar hacia el Naya a personas secuestradas. Los casos más divulgados fueron los secuestros masivos ocurridos en la iglesia de La María, en Cali, y en el kilómetro 18 de la vía Cali-Buenaventura. Esto desencadenó la entrada sangrienta de grupos paramilitares. Llegó el terror. En seis meses fueron asesinadas cerca de 400 personas, en su mayoría "raspachines" o recolectores de hoja de coca. Tres campesinos fueron descuartizados vivos con motosierras, entre ellos un alguacil de un cabildo indígena. Después vino el éxodo colectivo. Luego entró el Ejército. Hoy, el Alto Naya es tierra de nadie. Allí solo se oyen los helicópteros, las bombas, los fusiles. Según un relator de las Naciones Unidas, siete años después, los hechos del Naya todavía no están debidamente investigados, a pesar de que hubo masacres, asesinatos selectivos, descuartizamientos, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, desplazamiento de comunidades, reclutamiento de jóvenes y niños por todos los grupos armados, y violaciones de mujeres.
Me uno al grito de auxilio de la gente del Naya. Hoy, la tragedia del Alto Naya es la tragedia de Colombia.
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