HISTÓRICO
Madera, el tesoro que anhelan los piratas del Amazonas
Por Nelson Matta Colorado | Publicado el 11 de octubre de 2013

La postura de loto, la mansa barriga estirando la tela de la camisa y una mirada añejada por el devenir de los tiempos, le dan a Raimundo Grasa la apariencia de un buda triste.

Acomodado sobre una mesa de patas flacas que parecen a punto de quebrarse bajo su peso, observa la soledad de su empresa, la maderera San José. En los corredores, donde antes laboraban 70 aserradores, apenas queda el polvo quieto de la viruta y, de vez en cuando, el paso fugaz de una de las siete personas a las que aún les puede pagar salario.

La humedad empieza a colmar los ojos de Raimundo cuando recuerda la bonanza maderera de Benjamin Constant, un pueblo brasilero de la Amazonía, a orillas del río Yavarí. Dice que la gente vivía de la tala y el comercio de la flora silvestre, la supervivencia parecía garantizada por las operaciones de diez aserríos.

Hace una década comenzaron las restricciones del Instituto Brasilero del Medio Ambiente (Ibama), se redefinieron los límites de las áreas de reserva forestal y se prohibió la tala del cedro, la madera más apetecida. Llegó la crisis al municipio y hoy solo queda en pie la maderera San José.

Los desempleados se refugiaron en la pesca, agricultura, los pequeños hurtos o el comercio informal; otros fueron reclutados por narcos colombianos para transportar la pasta de coca, y terminaron en la cárcel de Manaos o flotando en el río, llenos de plomo.

Raimundo, que no fue a la escuela y solo sabe ejercer ese oficio desde los nueve años, se pregunta cómo diablos ha aguantado tanto. “El problema es que aquí no manda el gobierno brasilero, sino los ecologistas europeos, y ellos prefieren que los amazonenses se mueran de hambre a tumbar árboles”, expresa el veterano de 73 años, mezclando con rabia palabras del portugués y el castellano.

Alza la mirada y ve con envidia la orilla opuesta del Yavarí, en territorio peruano, donde el ruido de las sierras eléctricas hace volar a los pájaros. “Aquí todo es prohibido, pero en Perú todo el mundo trabaja, por eso nos toca comprar la madera cortada de allá”.

Uno de los antiguos aserradores, que hoy vende pescado en la plaza del municipio, es Antonio Holanda. Mientras selecciona las palometas recién sacadas del agua, dice que es “muy peligroso” trabajar con madera. “Para cortar, tiene que pasar un proyecto al Ibama, ¡y se demora mucho!”.

Las multas van de 500.000 a 1 millón de reales (800 millones de pesos) y son aplicadas por la Policía Federal, que tiene un puesto de control en el pueblo, y cuya sola mención hace temblar a los nativos.

“Un negocio matador”
Al indígena colombiano Jairo Campos solo le falta convertirse en anaconda. De resto, ha desempeñado todos los oficios que puede hacer un ser vivo en Amazonas: pescador, cazador, aserrador, guía turístico, albañil, mototaxista...

De sus días de cortador de madera le quedan los sinsabores. Trabajó en los corregimientos El Encanto y Tarapacá, moviendo los troncos por el caudal del río Putumayo.

Explica que el negocio comienza con un “montero”, un aborigen que conoce los recodos de la selva y encuentra los lugares aptos para la tala; por esa exploración le pagan hasta $8 millones, según la cantidad de árboles localizados.

A los aserradores les dan de $400 a $1.000 por una tabla de 3m. x 10cm.; al carguero, $1.000 por cada pieza de esas que se echa al hombro; y al balsero, $1.800 por sacarla al cauce, una labor que puede tardar hasta ocho meses.

“Una vez saqué 12.000 piezas, cobré $18 millones y apenas quedaron $4 millones de ganancia. Me salí del negocio porque es matador, uno choca con barrancos en el río, le caen escorpiones, ¡me cansé!”, narra Campos, descendiente de las etnias ocaina y huitoto.

Con la llegada del siglo 21 y la consciencia ambientalista, los controles se incrementaron en la frontera colombiana del Trapecio Amazónico, que comparte con Brasil y Perú.

En la actualidad se requieren permisos para la tala, la tenencia, la movilización y el procesamiento; hay restricción de algunas especies y es obligatorio reforestar, sin contar los delitos contemplados en el Código Penal. Por eso una tabla, que antes valía $15.000, ya se consigue por $5.000, quitándoles rentabilidad a los trabajadores.

Según el último Informe de Control y Vigilancia de Flora y Fauna de la autoridad ambiental Corpoamazonía, en 2012 se decomisaron 1.557 metros cúbicos de madera aserrada en los departamentos Putumayo, Caquetá y Amazonas.

En este orden, las especies más mutiladas son: canalete, cedro, marfil, cumala, achapo, sangre toro y abarco. El 58% de los decomisos fueron por el transporte de la mercancía sin salvoconducto.

La explotación ilegal también afecta la flora no maderable, como los ramos de palma, el látex y las raíces de garra de diablo, uña de gato, chuchuhuaza y clavo de huasca, entre otras que los telemercaderistas y culebreros ofrecen para curar impotencias, mal de amores y salamientos.

Los piratas de la madera
En Colombia, incluso en medio de la jungla más inhóspita, impera el refrán de los maldadosos: “Hecha la ley, hecha la trampa”, por eso ante los controles oficiales aparecieron los piratas de la madera.

“Corpoamazonía da permiso para extraer 10.000 piezas, pero la gente saca 40.000 y camufla el sobrante en bongos, debajo de las barcas, y así”, explica Campos, quien en sus días de balsero conoció las mañas del negocio.

El motosierrista Jairo Vargas, de la etnia ticuna, cuenta que los piratas no siempre adquieren los salvoconductos, entonces se asocian con alguien que sí los tenga y aprovechan la mercancía legal para ocultar la clandestina. “En todas partes existe la piratería, como la madera va una encima de otra, nadie se da cuenta que abusan del permiso”.

De acuerdo con los monitoreos de Corpoamazonía, los ríos Amazonas, Caquetá y Putumayo son los más usados para el tráfico ilegal de flora.

Entre las rutas fluviales preferidas están Puerto Nariño-Leticia-Barranquilla, La Pedrera-Solita-Florencia y Puerto Leguízamo-Puerto Asís; por tierra, Currillo-Florencia-Cali, San Vicente-Neiva-Medellín-Costa Atlántica y Mocoa-Pitalito-Bogotá.

El empresario de turismo, Alejandro Carrasquilla, indica que la explotación maderera está creciendo por el fomento del turismo, que hace necesaria la construcción de más hoteles, residencias y restaurantes. “Todavía hay quienes creen que la selva nunca se va a acabar”, afirma.

Por la acción de piratas “se ha evidenciado deforestación en los corregimientos Puerto Arica y Tarapacá”, señala John Jairo Arbeláez, ingeniero agroforestal de Corpoamazonía.

Los cabecillas del proceso son invisibles, pues no se aparecen en las áreas de trabajo. Solo da la cara un administrador venido de Leticia o el interior del país, quien paga la nómina. Tal cual dice Campos, “el patrón nunca se conoce”.

La Policía Ambiental y la Sijín, como los jaguares que rugen en estos territorios, desataron la cacería contra los ilegales. El pasado 9 de julio arrestaron a seis que “talaban árboles y desviaban el cauce de un afluente en el kilómetro 13 de la vía Leticia-Tarapacá”, reza el informe policiaco.

Y en el kilómetro 12 del mismo tramo, el 12 de marzo apresaron a tres hombres “talando la selva amazónica, causando graves daños al ecosistema”. A los nueve reseñados les imputaron el delito de aprovechamiento ilícito de los recursos naturales.

La persecución a esta actividad en Colombia y Brasil ha convertido a Perú en una especie de tierra prometida para la explotación de madera.

Fiebre de troncos
Pasando el río Yavarí, a dos minutos de Benjamin Constant, donde el pobre Raimundo Grasa observa con desconsuelo, está la selva peruana, escenario de una fulgurante comercialización de madera.

A diferencia de la jurisdicción brasilera, en este suelo está permitida la tala del cedro y otras especies, con excepción de la caoba.

Los pueblos que gozan de esta actividad en el Trapecio son Islandia y Leoncio Ramírez, donde hay unas 11 madereras contratando gente. Basta dar un vistazo desde la ribera para ver a los cargueros como hormigas, rodando los enormes troncos para llevarlos a las máquinas cortadoras.

Carlos Murrieta, administrador del aserradero Lanc Forest S.A.C., asegura que da empleo directo e indirecto a 94 personas. “A los moradores del pueblo les aserramos gratis seis trozos para la construcción de sus casas y apoyamos a la municipalidad con madera para las obras”.

Les pagan 35.000 soles (23’745.750 pesos) a los nativos para buscar y traer la materia de la jungla. “Mi empresa invierte al año 400.000 soles (271 millones 380.000 pesos) para tener los permisos legales”, dice Murrieta, mientras supervisa a un puñado de hombres empapados en sudor que empujan un tronco en el aserrío.

El auge del negocio y la piratería en Perú incomodan a los vecinos del Trapecio. “Hay un problema crítico en el río Yavarí, muchos peruanos ingresan a Brasil para sacar nuestra madera, y mágicamente muestran un papel de una autoridad de Perú que dice que lo sacaron de allá”, denuncia Gustavo Pivoto, delegado de la Policía Federal.

 Por tal razón, están fiscalizando con ferocidad el transporte de la madera por el caudal, situación que tiene enojados a los empresarios incas.

“Tenemos problemas con ellos porque ponen puestos de control y exigen documentos de la autoridad brasilera, que son muy difíciles de sacar, porque allá hay mucha burocracia”, acota Murrieta, y agrega que a veces les decomisan el combustible sospechando que lo van a usar en actividades criminales.

El intendente Carlos Ríos, de la Policía Ambiental de Leticia, hace énfasis en que “los peruanos tienen concesiones para explotar en grandes cantidades, sobre todo en San Juan de Atacuari, en límites con Colombia”.

El fenómeno es reconocido por la Policía Fronteriza de Perú. El suboficial Julián Sahuarico dice que sus esfuerzos están enfocados en las aguas del Yavarí.

Por su parte, Corpoamazonía suscribió un convenio con su homólogo peruano, el Programa Regional de Recursos Forestales y Fauna Silvestre de Loreto (08/6/12), entre cuyos objetivos está “implementar un sistema de custodia en la movilización de maderas”.

La burocracia que señala Murrieta parece ser la misma que agobia al viejo Raimundo, quien se ha gastado 100.000 reales (80 millones de pesos) en los papeleos y el Ibama aún no le expide los permisos.

Estira una pierna y sale de la postura de loto. La mesa que lo soporta tiembla, como un cedro a punto de ser cortado. “Estoy esperando siete concesiones de Manaos, si no llegan, ¡desarmo estás máquinas y me voy para Perú!”.