HISTÓRICO
Rebajan pena a responsables de multimillonario desfalco a Cajanal
Colprensa | Publicado el 12 de agosto de 2013
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia rebajó la pena de prisión que deberán pagar dos de los gestores del multimillonario fraude a Cajanal: Armando Cabrera Polanco y Jeiner Guilombo Gutiérrez.
 
Cabrera Polanco y Guilombo Gutiérrez, desde la sociedad Grupo Asesor Jurídico G.C. tramitaron de manera irregular ante la justicia cientos de pensiones gracia para docentes, y se apropiaron de más de 50 mil millones de pesos, sin contar el dinero que salió de las arcas de Cajanal para el pago de dichas mesadas.
 
Por el multimillonario desfalco, en segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Cabrera Polanco a 8 años y 6 meses de prisión y a Guilombo Gutiérrez a 7 años y 6 meses como coautores del delito de enriquecimiento ilícito de particulares.
 
En fallo de casación, la Sala Penal de la Corte Suprema rebajó la condena a 6 años y 6 meses de prisión al encontrar que a la hora de tasar la condena, tanto el Juez de primera instancia como el Tribunal, tomaron una circunstancia de agravación que no debió aplicársele a los procesados porque no fue imputada desde el comienzo en la acusación por parte de la Fiscalía.
 
No obstante, la Corte dejó intacto el resto del fallo en contra de Cabrera Polanco y Guilombo Gutiérrez, que incluye una multa de 269 mil 622 millones de pesos.
 
El caso contra Cabrera Polanco y Guilombo Gutiérrez inició el 2006 cuando los informes de inteligencia pusieron de presente un incremento injustificado de sus patrimonios durante los tres años anteriores producto del desfalco a Cajanal. 

Se estableció que ambos crearon la sociedad Grupo Asesor Jurídico G.C. y Cia Ltda, desde la cual contrataron a otros abogados que adelantaron procesos ante despachos judiciales en Buenaventura, Ibagué, Pitalito y Villavicencio “en los que se reconoció a más de 500 docentes del país el beneficio de pensión de gracia, sin que les asistiera derecho o sin que éstos despachos tuvieran competencia para reconocerlas o el domicilio de los profesores no era el lugar donde se habían promovido las demandas o se adelantaron los trámites sin que se cumpliera el procedimiento previsto por la ley”.
 
De acuerdo con la investigación, de esta forma los abogados se hicieron de 50 mil millones de pesos, cifra utilizada en la adquisición a nombre propio y de intermediarios, socios, allegados y familiares de numerosos bienes inmuebles ubicados en el Huila, Cundinamarca, Meta; así como carros de lujo y joyas.
 
De hecho, en allanamientos realizados por las autoridades se encontraron en efectivo más de 10 mil millones de pesos repartidos en varias cajas fuertes y en distintas denominaciones.
 
“Los educadores nunca recibieron los dineros que fueron reconocidos a su favor por Cajanal y concretamente en el fallo de segunda instancia, se concluyó que algunos de los docentes reclamantes sí eran legalmente beneficiarios de la pensión gracia pero que nunca recibieron el dinero reconocido en su favor, muchas veces porque la mayor parte era descontada por dicha oficina por concepto de honorarios, siendo esta situación, también fuente del enriquecimiento ilícito por parte de los aquí sindicados”, apuntó la Corte.