HISTÓRICO
Reforma a la educación superior
Iván Echeverri Valencia | Publicado el 11 de octubre de 2011

Cualquier intento de reformar la educación superior en Colombia ha dado pie en diferentes épocas para que se generen una serie de debates y de movilizaciones entre los diferentes actores involucrados en el tema, unos en defensa de la educación pública y de las responsabilidades que debe asumir el Estado para preservarla y mejorarla, otros movidos por algunos intereses institucionales, gremiales o particulares en los cuales pueden resultar afectados.

Sin desconocer los avances que se han obtenido a través de la Ley 30 de 1992 en aspectos como: garantía consistente de recursos para las universidades públicas y para el Icetex, con los que se han ampliado la cobertura y la calidad de los egresados y de los programas, la creación y fortalecimiento del sistema de acreditación y de aseguramiento de la calidad; desde el pasado mes de marzo el Presidente Santos anunció al país el interés de su gobierno en realizar una reforma con el propósito de actualizar los recursos que resultan insuficientes para permitir el ingreso a más de 3.226.000 jóvenes que hoy continúan por fuera de la educación superior, de posibilitar flexibilidad y pertinencia en los programas que se ofrecen y de acercarlos al sector productivo y a las demandas de las comunidades, de mejorar la respuesta a los nuevos retos de la globalización y de la internacionalización, etc.

Durante seis meses varios borradores fueron sometidos por el gobierno al estudio y análisis a través de foros y reuniones con directivos, rectores, docentes, estudiantes, agremiaciones y organizaciones sociales, con el único afán de enriquecer y construir de manera colectiva una propuesta que permitiese presentar un excelente proyecto de educación superior al Congreso de la República.

Infortunadamente hasta ahora el debate se ha circunscrito a temas reiterados, puntuales, cortoplacistas y de nunca acabar: que si la educación superior debe tener ánimo de lucro, que si se pierde autonomía, fuentes de financiación, la no privatización, la inspección y vigilancia, el estatuto estudiantil, garantías laborales y búsqueda de beneficios para algunas instituciones, etc., dejando de lado las discusiones de fondo sobre lo que debe ser la educación superior para el desarrollo del país y sobre las mejores estrategias para lograr que el mayor número de colombianos pueda acceder a programas pertinentes y de calidad que les permita adscribirse y subsistir en un mercado supremamente competitivo.

Con todos los aportes recibidos la Señora Ministra de Educación radicó un proyecto de reforma en el que se considera a la educación superior como un bien público, un derecho, un servicio público basado en el mérito y la vocación.

Pretende organizarla como un sistema que articule su operación bajo el marco de la Constitución Política y la Ley, sin olvidar el mejoramiento continuo a que se deben someter todas las instituciones de educación superior.

Para continuar la ampliación de cobertura, el gobierno reconoce que se deben aumentar los recursos por parte de la nación y de los entes territoriales y permitir un incremento adicional en el caso de que crezca la economía; además propone la posibilidad de que se cuente con otros recursos provenientes del Sistema Nacional de Regalías para inversiones físicas en educación.

En caso de ser aprobado el proyecto como lo presentó el gobierno, sólo existirán instituciones de educación superior, iguales todas, lo que es objetado por las universidades que no comparten que instituciones o establecimientos públicos de carácter técnico o tecnológico se transformen o que nazca una nueva universidad estatal que les reduzca los aportes que actualmente reciben.

La iniciativa garantiza la autonomía plena a las instituciones de educación superior, tanto en su gobierno, como en el ámbito académico y en los aspectos económicos, presupuestales y financieros.

Se reafirman los programas de bienestar como el de apoyar a jóvenes con dificultades económicas y a personas con discapacidad, o que tengan otros problemas que les impidan acceder o permanecer en el sistema educativo.

Se mira hacia la internacionalización y se promueve la investigación mediante la movilidad y la inserción a importantes redes y espacios internacionales del conocimiento.

En términos generales el proyecto contiene estipulaciones que mejorarían las actuales circunstancias de la educación superior, por lo que se requiere de la participación y voluntad política de todos los sectores y legisladores con el único propósito de hacer de la educación el motor que garantice la formación integral de nuestra juventud y así lograr un país más equitativo, con una sociedad libre, democrática e instruida.