Un Estado debe, en su concepción más tradicional y en su acepción más básica, monopolizar la violencia, proveer justicia y recaudar impuestos que financien ambas labores. Colombia ha sido poco eficaz en estas tareas de Estado. Grupos de bandoleros, guerrilleros, paramilitares, narcotraficantes y contrabandistas compiten por su poder sobre el territorio, para ver quién ejerce violencia, respecto a la provisión de justicia, y evadiendo -o ellos mismos cobrando- impuestos.
En efecto, la historia del Estado colombiano es el relato de la lucha entre la institucionalidad central y los poderes informales o ilegales de los territorios, que cooptan gobiernos locales, violentan las poblaciones y esquivan la esporádica labor de control desde la centralidad.
Sin embargo, en las últimas dos décadas el Estado colombiano ha mostrado grandes avances en su histórica lucha contra los poderes ilegales que le compiten en el territorio: todos los municipios cuentan con presencia de Fuerza Pública, la inversión pública y la pretensión de control central llega a casi todas las esquinas de la periferia colombiana, y el crecimiento económico sostenido ha logrado niveles de desarrollo importantes en buena parte del país.
Por eso resulta tan preocupante que algunas de las viejas costumbres del Estado débil de las décadas de los ochenta y noventa sigan presentándose, como la salida del país del Director de la DIAN, Juan Ricardo Ortega, amenazado por un “pacto” de mafiosos de la Costa Caribe.
En efecto, Ortega se había convertido en uno de los principales obstáculos de la ilegalidad en Colombia. Durante su gestión, el recaudo de la DIAN alcanzó niveles nunca antes vistos, al igual que las incautaciones de contrabando y la persecución a los evasores. Ortega construía estatalidad en Colombia, mejorando la efectividad del Estado en una de sus principales responsabilidades: recaudar impuestos.
Pero ahora, ante la conspiración criminal de las mafias del narcotráfico y el contrabando -que son las mismas, un enemigo común-, y la amenaza a la persona y la familia de Ortega, al buen funcionario solo le queda salir del país, y dejar a un lado su cruzada contra la ilegalidad.
¿Y dónde está el presidente? ¿Y dónde la Policía, la Fiscalía y la Unidad Nacional de Protección? Son los funcionarios como Ortega los que merecen todo el esfuerzo del Estado para que sigan haciendo el buen trabajo de construir estatalidad, sin escatimar gastos, sin dudar por un segundo en la fuerza de la respuesta.
Ya lo decía el mismo Ortega en una entrevista del pasado 20 de junio al periódico EL COLOMBIANO, “el Estado colombiano es muy débil, muy chiquito, muy vulnerable”. Y si a esa debilidad se le suma la falta de determinación del liderazgo de la centralidad, seguiremos retrasando la construcción de un Estado colombiano efectivon.
