El pasado lunes se venció el plazo para el pago de los servicios públicos que utiliza el Hospital San Vicente Fundación, sin embargo y pese a los esfuerzos, el dinero para saldar la deuda no se pudo reunir.
De este tamaño es la preocupación que ronda por los pasillos, las salas de cirugía y los espacios de la institución médica más importante de Medellín que atiende al día cerca de 6.600 personas (200.000 al mes aproximadamente) Y aunque no es poco el dinero que se factura por la prestación de acueducto, energía, gas y alcantarillado, el Hospital está en una situación insostenible por la crisis que afronta la salud en Colombia y una delicada situación a la espera de que el Gobierno cumpla con los pagos.
“Estamos en cuidados intensivos. Nosotros le debemos a los proveedores alrededor de unos 40 mil millones de pesos en suministros de medicamentos, de alimentación y lavandería. Entre los más preocupantes está el de servicios públicos. El pasado lunes se nos venció la factura de 216 millones de pesos y no tuvimos dinero para pagar. Estoy pendiente de una reunión con un delegado de EPM para explicarle que no hemos pagado los servicios y que necesitamos el apoyo por más tiempo de ellos”, explicó Julio Ernesto Toro, director General del Hospital San Vicente Fundación.
En la actualidad, al Hospital le deben cerca de 250.000 millones de pesos, representado en la deuda de las EPS y el Estado, que a través del Fosyga realiza el pago de la Unidad de Pago por Capitación (UPC) en la utilización de los servicios, pero que al día se encuentra en saldo rojo y con el avistamiento de una situación insostenible. El presupuesto anual de la institución es de 350 mil millones, lo que hace más dramática la situación.
De acuerdo con Toro hay que hacer una revisión urgente y a profundidad para poder replantear cosas. “Las EPS dicen que no tienen el dinero para pagar esas deudas que tienen con nosotros, porque la demanda de los servicios por parte de los enfermos es más que las posibilidades que hay de pagar por esas obligaciones. Hay más servicios, más coberturas, pero el dinero es el mismo y no alcanza”.
Una claridad que realizó el Director de la institución es que en el pago de servicios personales a los 2.200 empleados del Hospital no ha habido problemas hasta el momento y están a la fecha con las nóminas. Lo que sí preocupa es que a la vuelta de dos meses, tiempo que dicen tener de impulso, la situación no haya mejorado y no puedan prestar algunos servicios lo que desencadenaría una crisis en la atención de salud en la ciudad por el recorte en áreas como consultas, cirugías y laboratorios.
“El Gobierno va a tener que percatarse de esto y solucionar el problema para intervenir en él. El problema de la salud en el país es del Estado y no de las entidades, nosotros somos una entidad privada, no pública. Está bien que prestemos un servicio público que es la salud, pero somos una Fundación que es privada. Nosotros acogemos el problema de la salud como nuestro, pero en realidad es responsabilidad del Gobierno”, concluyó el doctor Toro.
Igual situación en la que está el Hospital San Vicente Fundación se encuentra la organización 14+1 que reúne a las instituciones más importantes de la ciudad y que espera el pago por parte de las EPS y del Gobierno Nacional de las obligaciones que tienen con ellos. (Lea: Ministro de Salud no ha cumplido las promesas: Somos 14+1)
Ni las capacitaciones se salvaron
Tan grave es la situación que en días pasados la junta directiva del hospital canceló cinco cursos que se desarrollan de manera periódica para la actualización de conocimientos de los médicos que hacen parte del Hospital y a otros de la región. “Son eventos que llevan entre 10 y 15 años realizándose. Ya la comunidad médica estaba acostumbrada a recibir estos cursos y los tuvimos que suspender porque el hospital no los puede sostener”, explicó en días pasados Alba Luz Arroyave, directora de Relaciones Corporativas del HUSVF. (Lea: Crisis en la salud obligó al San Vicente a cancelar eventos académicos)
La falta de patrocinios de parte de las entidades de salud a su personal para que asistiera a estas capacitaciones hicieron inviable la continuación de los cursos. De igual forma, el incumplimiento en el pago por parte del Gobierno Nacional y de las EPS a la institución obligaron a la suspensión de los cursos en los que se veían beneficiados 1.200 galenos, además de personal directivo.
