El anuncio del presidente boliviano, Evo Morales, de la apertura de una pesquisa parlamentaria sobre los nexos nacionales del gigantesco caso de corrupción y sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, tomó por sorpresa a la región.
Bolivia parecía inmune a los tentáculos de un escándalo que ya tumbó presidentes en funciones y encarceló a otros exmandatarios. No porque, como ocurre en otros países, la justicia no avance y la ciudadanía no exija, sino porque sencillamente no figuraban políticos bolivianos en la compleja pesquisa que se adelanta principalmente desde Brasil y Estados Unidos.
Pero, en los últimos días, los medios del país empezaron a reseñar las más recientes revelaciones del caso, que apuntan a que en los dos gobiernos previos a la llegada de Evo Morales al poder, Odebrecht pagó sobornos para conseguir la adjudicación de contratos con el Estado.
Presuntamente se trata de Carlos Mesa Gisbert (2003 - 2005), y Eduardo Rodríguez Veltzé (2005-2006) quienes habrían recibido, según las primeras informaciones surgidas desde Brasil, sobornos de la constructora a cambio de prelación en contratos de carreteras nacionales. Los detalles sobre la evidencia que habría de dicha trama corrupta son escasos, pero ya la opinión pública del país ha puesto atención.
De esa forma expertos consultados por EL COLOMBIANO entienden el gesto de Morales de ordenarle a la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia abrir una investigación sobre la existencia de esos supuestos sobornos.
“Evo sabe que le conviene políticamente poner al país a hablar del tema, ya que se trata de líderes de bancadas que hoy están en la oposición. No hay duda de que en los últimos 12 años también ha habido casos de corrupción frente a los que imperó el silencio. Pero es claro que eso no quita la necesidad de investigar lo de Odebrecht y que con ello Morales busca, a la vez, debilitar y fracturar aún más a las fuerzas opositoras”, consideró Jorge Lazarte, politólogo, docente y exvicepresidente de la Asamblea Constituyente de Bolivia.
