La presidenta suspendida Dilma Rousseff acudió ayer a la sede del Senado de Brasil para presentar su defensa ante un juicio político que hoy, previsiblemente, llegará a su final. Ante lo que denominó “un golpe de Estado”, pidió “la realización de un plebiscito para que los brasileños decidan si se adelantan las elecciones presidenciales”, e incluso la puesta en marcha de una reforma política ante los que considera “males del actual sistema”.
Para Rousseff, “habiendo una decisión que autorice el impeachment sin crimen de responsabilidad, nosotros no estaremos solo ante un golpe, sino, sobre todo, ante una verdadera elección indirecta. Por tanto, estaríamos ante un retroceso en las prácticas que creíamos superadas después de la resistencia democrática y el fin de la dictadura militar”.
“Llego a esta última etapa del proceso comprometida con la realización de una demanda de la mayoría de los brasileños: convocarlos a decidir en las urnas, sobre el futuro de nuestro país. Diálogo, participación y voto directo y libre, son las mejores armas que tenemos para la preservación de la democracia”, agregó en su discurso.
Achaca fallas al sistema
Para la mandataria, de esta coyuntura sale a relucir otra problemática que enfrenta Brasil. El hecho de que sea destituida sin el aval de la población significa para Dilma “un pacto político sin el consentimiento de los brasileños”.
“En ese caso, defiendo que el único pacto posible sea tejido con todos los ciudadanos, que deben ser llamados a posicionarse sobre una reforma política, pues no es posible gobernar con 35 partidos”, dijo.
Hoy es el día previsto para que los senadores voten en Brasilia y decidan en definitiva si Rousseff es destituida del máximo cargo. Teniendo en cuenta las anteriores votaciones del ente frente a este asunto, es más que probable que se logre la mayoría calificada en el Senado (54 votos de 81 posibles) y que por ende se consolide un viraje político en el gigante suramericano.
El 5 de mayo, ya la había suspendido de sus funciones (55 votos a favor y 22 en contra), y el 9 de agosto aprobó el informe sobre su responsabilidad en el maquillaje del balance fiscal del gobierno en 2014 (59 votos a favor y 21 en contra).
¿Pero hay aquí, tal como afirma, vicios del sistema y un golpe de Estado? En diálogo con EL COLOMBIANO, Giovanni Reyes, máster en Asuntos Públicos e Internacionales de la Universidad de Pittsbugh y docente de la Universidad del Rosario, consideró que “ella en realidad tiene una posición débil. Puede decir lo que sea sobre su destitución, pero la correlación de fuerzas políticas es distinta. Hay una recomposición de los sectores, y es evidente que quieren pasarle una factura contundente al Partido de los Trabajadores”.
“Ya Fernando Collor de Mello fue destituido en 1992, por lo que se trata de un sistema de control a quienes pierden peso político. Es atractivo para la izquierda hablar de golpe, pero aquí el punto de quiebre que le dio legitimidad al proceso es que la Corte Suprema permitió su curso”, agregó.
Ante todos estos señalamientos, una certeza es recalcada por Dawisson Belém Lopes, docente de la Universidad Federal de Minas Gerais: “Se acabó un ciclo y para la izquierda sigue replantearse y alejarse de la imagen de corrupción que deja el PT”.
7,34%
será la inflación en la economía brasileña para finales de 2016.
Regístrate al newsletter