“El ambiente en Brasilia está extremadamente pesado, tenso. La polarización entre quienes quieren a la presidenta Dilma Rousseff en el poder y sus detractores es enorme, al punto en que las autoridades tuvieron que instalar una barrera de dos metros de altura para separar a los dos bandos frente a la Cámara de Diputados”, cuenta Paulo Sotero, director del Instituto Brasil del Centro Wilson para la Investigación.
Sotero, que anoche viajó desde Washington a la capital del país vecino, fue incluso advertido de que se abstuviera de llevar en el pecho, como acostumbra, una banda amarilla y verde, ahora los colores emblemáticos de los que apoyan a la mandataria.
Brasil vive el momento culmen de su crisis política y económica. Ayer, una comisión parlamentaria de 65 miembros decidió por una mayoría de 38 votos enviar el caso a la Cámara Baja para que antes del domingo apruebe si lo remite al Senado.
Rousseff, reelegida el año pasado, fue acusada por prominentes abogados y miembros de la oposición de maquillar el déficit fiscal y de gastar más de lo permitido en 2014. Además, en un documento de 188 páginas, se le culpó por el escándalo de corrupción que afecta a la petrolera estatal, Petrobrás, también llamado caso “Lava Jato”, y por el que se investiga al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.
En caso de que la petición se apruebe con dos tercios en la Cámara, la propuesta llegará al Senado, que decidirá si inicia un juicio político en contra de la mandataria.
De ser así, Rousseff quedaría suspendida de su cargo hasta por 180 días durante el proceso, y su vicepresidente, Michel Temer, asumiría de manera interina.
Con este escenario, los congresistas brasileños tendrían a partir de la próxima semana seis meses para definir el futuro de Brasil: tres años más de Rousseff u otro rostro en el poder.
Dilma, sin popularidad
“Si consigue sobrevivir en el poder, igual tendrá enormes dificultades para gobernar”, explica Sotero, refiriéndose a que el partido de la presidenta, el Partido de los Trabajadores, le retiró su apoyo hace tres semanas y ahora la mandataria solo cuenta con el respaldo de pequeñas coaliciones con reconocidos historiales de corrupción.
Su desprestigio también podría reflejarse en las elecciones a alcalde que se celebrarán el próximo octubre. “Hay 5.654 alcaldías en Brasil que se van a disputar, y las encuestas apuntan a que el Partido de los Trabajadores sufrirá una enorme derrota. La gente nunca va a dejar de asociar el escándalo de corrupción de Petrobrás, el más grande en nuestra historia, con Lula y Rousseff”, agrega el experto.
De hecho, para Sotero, es bastante probable que la presidenta no pueda escapar del juicio político. Por un lado, los intentos de Lula por pedir apoyo de la comunidad internacional, no resultarían, en la medida en que Brasil, con 206 millones de habitantes, “es un país enorme, inconforme y donde la gente raramente mira el exterior”, dijo.
Además, el director del Instituto Brasil cree con firmeza que la presión de la opinión publica, el aumento del desempleo y nuevas revelaciones sobre el caso “Lava Jato” llevarán a que la mayoría de la Cámara y posteriormente del Senado avalen la destitución.
Mauricio Moura, director de la firma de investigaciones brasileña Ideia Inteligência, un gobierno debilitado, sin capital político; una Dilma con el descontento del 64 por ciento de la población, y una economía inestable impiden ver salidas claras mientras la rama legislativa toma medidas.
La más posible, concluye, es una presidencia de Marina Silva, reconocida ambientalista del Partido Socialista Brasileño. No obstante, los sondeos muestran que Lula aún tiene un respaldo del 20 por ciento de la población, y eso, en unas posibles elecciones extemporáneas, significaría perpetuar la presencia de Rousseff.
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