La ONU intentó, con una resolución negativa (de rechazo), apagar el incendio que se desató en Medio Oriente con la decisión de Donald Trump, de trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Sin embargo, el gobierno estadounidense contestó ratificando su decisión y marcando nuevas distancias con este órgano internacional.
“Ningún país dirá a Estados Unidos dónde podemos poner nuestra embajada”, dijo la embajadora de ese país ante la ONU, Nikki Haley, al vetar la resolución, que calificó como un “insulto” que “no olvidaremos”.
La iniciativa fue firmada por aliados clave de Trump que integran el Consejo de Seguridad, como Reino Unido, Francia, Italia, Japón y Ucrania, que votaron por la medida pues consideran que cualquier decisión sobre el estatuto de Jerusalén “no tiene fuerza legal, es nula y carente de validez y debe ser revocada”, al tiempo que recalcó las preocupaciones por el incremento en la tensión, sin señalar directamente a la Casa Blanca.
Según Haley, de manera implícita el texto responsabilizaba a EE. UU. de perjudicar las perspectivas de paz en Oriente Medio, algo que consideró un “acusación indignante” y consideró que con esta postura es “un ejemplo más de que Naciones Unidas hace más mal que bien en el tratamiento del conflicto judío palestino”.
Vale recordar que cualquier resolución de la ONU, que necesita nueve votos para su aprobación, puede ser vetada por cualquiera de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad: Estados Unidos, Gran Bretaña, China, Francia y Rusia.
La propuesta, redactada por Egipto y apoyada por 14 de los 15 miembros del Consejo, señala que la disputa por la ciudad “tiene que resolverse por la negociación” entre Israel y Palestina.
Sin embargo, desde el 6 de diciembre que Trump tomó la decisión de trasladar su embajada de Tel Aviv, las tensiones en la zona se incrementaron y amenazan con desatar brotes de violencia antisemita.
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