El expresidente del Gobierno regional catalán Carles Puigdemont pidió este sábado a la población que haga “oposición democrática” y “cívica” al Ejecutivo español, que el viernes le cesó junto al resto de su Gabinete por su desafío independentista.
En una declaración grabada Puigdemont rechazó la “agresión” del Gabinete español y aseguró que son los Parlamentos los que nombran y cesan a los gobernantes.
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Poco antes de la declaración del líder independentista, fuentes de ese movimiento explicaron que el Gabinete de Puigdemont no se da por destituido y tiene previsto mantener su actividad.
El Parlamento regional catalán aprobó el viernes una declaración de independencia que llevó horas después al Ejecutivo español, con el visto bueno del Senado, a aprobar una serie de medidas para recuperar la legalidad constitucional.
Entre ellas figura el cese de todo el Gabinete de Carles Puigdemont y la convocatoria de elecciones autonómicas para el 21 de diciembre, que anunció el jefe del Ejecutivo español, Mariano Rajoy.
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Sin embargo, según las fuentes independentistas, los integrantes del Gabinete Puigdemont no contemplan acatar su cese y preparan los siguientes pasos para desarrollar el encargo recogido en la resolución aprobada ayer por el Parlamento autonómico.
En su declaración Puigdemont animó a sus seguidores a “perseverar y “seguir defendiendo” las “las conquistas conseguidas hasta hoy”.
“Nuestra voluntad es continuar trabajando para cumplir los mandatos democráticos y a la vez buscar la máxima estabilidad y tranquilidad, entendiendo las dificultades lógicas que comporta una etapa de esta naturaleza, que nuestro país no ha recorrido nunca”, dijo el expresidente catalán.
Todo ello con sentido cívico y actitud pacífica y de modo inclusivo, enfatizó el líder secesionista.
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A la misma hora en que se emitía esta declaración grabada, el expresidente catalán almorzaba en un restaurante de la localidad catalana de Girona, según las imágenes mostradas por La Sexta TV.
La Fiscalía General del Estado, por su parte, ultima su querella por un delito de rebelión contra los artífices de la declaración de independencia aprobada por la Cámara catalana, una acción penal que afectará al menos a los miembros del Gobierno autonómico y a los de la Mesa del Parlamento que permitieron la votación, que fue secreta para dificultar eventuales consecuencias.
