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El plan B de Theresa May parece ser perseverar en el plan A. La primera ministra británica presentó ayer ante el parlamento los cambios que planea implementar en su acuerdo para la salida del Reino Unido de la Unión Europea (Brexit), rechazado el pasado martes con una mayoría histórica de más de 200 votos en el Legislativo.
May, quien un día después de esa derrota sobrevivió a un intento de destitución, rechazó los dos caminos que se han especulado en ambos partidos –Conservador y Laborista– para superar la incertidumbre que generó el hundimiento del primer acuerdo.
Estos escenarios son la convocatoria de un segundo referendo que reverse la decisión tomada en 2016 por el 52 % de los votantes o un aplazamiento de la fecha límite –29 de marzo– para que haya tiempo de negociar una salida adecuada.
En su discurso ante la Cámara de los Comunes, la primera ministra anunció tres cambios: en primer lugar, que serán “más flexibles” en la inclusión del parlamento en la renegociación de las condiciones del Brexit; segundo, dijo que protegerán los derechos de los trabajadores –con medidas como la eliminación de la tasa de 75 euros que los ciudadanos europeos deberán pagar a partir del 30 de marzo para permanecer en R. Unido–.
En tercer lugar, dijo que buscará una renegociación de lo pactado en torno a Irlanda del Norte. El acuerdo actual –criticado por los conservadores radicales– señala que los norirlandeses permanecerían dentro de las reglas arancelarias de la Unión Europea, pese a ser parte de Reino Unido, para evitar una ruptura con su país vecino, la República de Irlanda.
Estas tres opciones son versiones más enfáticas de declaraciones que May ha hecho antes. Para Rafael Piñeros, profesor de relaciones internacionales de la Universidad Externado, la apuesta de May parece ser mantener vivo el acuerdo que alcanzó durante 2 años de negociación con la Unión Europea.
Para ello, explica, la mandataria conservadora busca desviar el debate de opciones que debilitan a Reino Unido ante la UE –segundas votaciones y prórrogas– y se enfoca en lograr que esta comunidad económica haga las concesiones para tranquilizar a sus detractores en el parlamento antes del 29 de marzo.
En otras palabras, convertir el fantasma de la fecha límite en un aliado que impulse a las partes a aceptar una salida