La “dictadura” que avisó Vivanco

El director para las Américas de Human Rights Watch ve difícil la salida en Venezuela sin drásticos castigos para Nicolás Maduro.

Cuando los 545 miembros de la Asamblea Nacional Constituyente ya asumieron sus posiciones para cambiar la Carta Magna, la población continúa manifestándose en las calles de Caracas. FOTO AFP

“Los acontecimientos de esta semana marcaron el fin de la fachada democrática del gobierno de Nicolás Maduro”, advirtió en abril José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. Entonces, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela decidió despojar a la Asamblea Nacional de sus poderes y asumir funciones legislativas.

Lo que vino después fue la consumación de su presagio: 5051 detenidos y 125 muertos en cuatro meses de protestas y una Asamblea Nacional Constituyente impuesta por el Gobierno.

Durante estos meses, Vivanco no ha cesado en advertencias: “hay una intensificación de la represión”, “podría correr mucha sangre”. Aquí están las que le reveló a EL COLOMBIANO:

¿Cuál cree que es el origen o causa más profunda de que Venezuela experimente el deterioro de hoy?

“El deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela lleva años, y viene de la época de Hugo Chávez. La concentración de poder y las débiles instituciones que heredó Maduro le han permitido cometer todo tipo de abusos sin ningún tipo de control. Esto se ha visto exacerbado porque Maduro no cuenta ni con el carisma ni con los cuantiosos recursos económicos que tenía Chávez, debido a la disminución del valor del petróleo. Pero, sin ninguna duda, la profundización de los abusos y la crisis actual es exclusiva responsabilidad del régimen de Maduro”.

¿Cómo llama entonces a
la situación actual de
Venezuela?

“Hay que llamar a las cosas por su nombre. Venezuela está gobernada por un régimen cívico-militar con una concentración de poder absoluta, sin independencia judicial, con un Tribunal Supremo de Justicia dedicado a validar las medidas abusivas del Ejecutivo, incluyendo aquellas que buscan eliminar a la Asamblea Nacional”.

¿Por qué algunos en la comunidad internacional vacilan antes de decir que en Venezuela rige una dictadura?

“El gobierno ha cometido un fraude electoral colosal, según la propia empresa privada que contrató para evaluar el sistema electoral venezolano, para elegir miembros para una Asamblea Constituyente todopoderosa que podría suspender indefinidamente elecciones, clausurar el Legislativo y destituir a la Fiscal General. Hay más de 400 presos políticos. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad reprimen brutalmente las manifestaciones opositoras y han detenido a cientos de personas, incluyendo a más de 460 que han sido procesadas ante tribunales de guerra, una práctica propia de las dictaduras latinoamericanas de los años 70. ¿Qué más haría falta entonces para calificar al régimen de Maduro de dictadura?”.

¿Qué otros riesgos en materia de derechos humanos se desencadenarán con una nueva Constitución?

“El problema no es cambiar la Constitución. Ese puede ser un proceso perfectamente legítimo en cualquier sociedad democrática. El problema en Venezuela es que el Gobierno se dispuso a hacerlo por decreto, sin preguntarle al pueblo si lo quería – como lo requiere la Constitución actual – y a través de elecciones que resultaron fraudulentas, muy probablemente porque la gran mayoría se opone. Pero peor aún, lo hace por medio de una Asamblea Constituyente con poderes amplísimos que, como decíamos antes, van mucho más allá que cambiar la Constitución. Se trata de una estrategia para aferrarse al poder aplastando definitivamente las libertades públicas y los derechos humanos del pueblo venezolano. El objetivo de Maduro es seguir haciendo lo que le da la gana sin rendirle cuentas a nadie”.

¿Maduro seguirá intensificando la detención y el homicidio como estrategias?, ¿cómo deberán actuar organismos de derechos humanos al respecto?

“La reacción de Maduro ha sido intensificar la represión para rayar la cancha e intimidar a la población, y eso seguirá en la medida en que tenga quién ejecute sus órdenes. Lo cierto es que cada vez queda menos gente dispuesta a inmolarse por el régimen. Las organizaciones de derechos humanos seguiremos documentando y denunciando los abusos, y los gobiernos democráticos de la región deberían continuar haciendo lo mismo y, además, enviarles un mensaje claro y contundente a las autoridades venezolanas advirtiendo que quienes son responsables de estos abusos serán eventualmente llevados ante la justicia, cuando se restablezca la independencia judicial en el país. Esto podría generar un efecto disuasivo para que no se cometan más abusos”.

Con esa crisis de las libertades y los derechos, ¿cuál debe ser el papel de gobiernos como el de Colombia y Estados Unidos?

“La comunidad internacional en general debe redoblar la presión ante las atrocidades del régimen de Maduro. Es importante que haya una estrategia multilateral concertada para que quede en evidencia que no se trata de un intento de intervención extranjera – que según Maduro siempre está liderada por Estados Unidos –, sino de un esfuerzo colectivo para hacer valer principios básicos de democracia y derechos humanos que a la región tanto le costó construir”.

¿Y cómo tendrá que hacerse ese esfuerzo?

“Por ejemplo, a través de mayor presión diplomática, que incluya el retiro masivo de embajadores, o más sanciones dirigidas a autoridades civiles, militares y judiciales que sean responsables de abusos. Lo importante es que el régimen sea tratado como un paria y se evite la consolidación de un régimen totalitario en América Latina”.

¿Ve condiciones para una salida negociada?, ¿qué se requiere para llegar a la alternativa del diálogo?

“El problema en Venezuela no es la falta de diálogo, no es posible sentarse a conversar en estas circunstancias, en las cuales no hay dos partes iguales: por un lado, está un Gobierno represivo con muchísimo poder y, por el otro, una oposición y un pueblo que se está tratando de hacer escuchar. La salida a la crisis venezolana debe partir de un diagnóstico adecuado que reconozca esto y asegure una serie de precondiciones para empezar a negociar, que incluyen que haya elecciones libres y justas, que se libere a los presos políticos, que se restablezca la independencia judicial y los poderes de la Asamblea Nacional y que se permita el ingreso de ayuda internacional humanitaria”.

¿Teme por grandes implicaciones migratorias para países como Colombia?

“Claro. De hecho, ya las hay. En los últimos tiempos, cientos de miles de venezolanos han huido de la crisis venezolana, muchísimos de ellos a Colombia. Algunos lo han hecho por motivos políticos, otros huyen como pueden de la gravísima crisis humanitaria porque no pueden alimentar adecuadamente a sus familias ni obtener servicios de salud básicos. Este crecimiento de la emigración venezolana solo aumentará si la crisis se perpetúa. Las medidas que el gobierno colombiano y otros puedan adoptar para acoger a los venezolanos son muy bienvenidas, pero deben ser acompañadas por una fuerte presión internacional para abordar el problema de fondo, que es la razón por la cual se están yendo: esto es, las prácticas y políticas abusivas de la dictadura venezolana”.