Más de 9.200 haitianos murieron en los últimos seis años por una epidemia de cólera que aún no es controlada en la nación más pobre de las Américas. Desde octubre de 2010, nueve meses después del terremoto que destrozó a Haití, se esparció con facilidad el brote desde el río Artibonito. ¿El motivo? El inadecuado manejo de desechos y la falta de agua potable en Haití potenciaron la situación.
Pero investigadores rastrearon el origen de la contaminación de las aguas —de las que cientos de miles consumen en la zona— a un campamento de la brigada nepalesa de la ONU. Desde entonces, todo ha sido polémicas para el organismo internacional.
Desde disturbios en los que asesinaron a funcionarios del ente, falsas promesas de los líderes políticos del país, pedidos de financiación global para una respuesta aceptable, a demandas contra la ONU de los familiares y afectados, el hecho no ha dejado de ser un dolor de cabeza para el organismo internacional.
En especial porque, al día de hoy, a pesar de sus palabras y esfuerzos aparentes, la cifra mortal sigue en aumento. En los primeros cuatro meses de este año, se reportaron 14.000 contagios, y alrededor de 150 muertes por cólera. Por lo tanto, seis años después del inicio del brote, este deja todavía un promedio de 37 fallecidos al mes. En ese lapso de tiempo, también, 7 % de la población haitiana (770.000 personas), ha contraido la enfermedad.
Culpas leves
El pasado jueves 18 de agosto, desde su sede en la Primera Avenida de Manhattan, Naciones Unidas admitió su responsabilidad en esta tragedia.
“Durante el último año, la ONU se ha convencido de que necesita hacer mucho más respecto a su propia participación en el inicio del brote y ante el sufrimiento de aquellos afectados”, dijo Farhan Haq, portavoz del secretario general Ban Ki-moon.
Para activistas y ONG que han denunciado al ente, este giro en su retórica frente al tema supone un avance. “Naciones Unidas debe seguir este anuncio con acciones, incluyendo una disculpa pública, una compensación a las víctimas que han perdido tanto y un plan para asegurar que el cólera sea eliminado de Haití a través de robusta inversión en infraestructura de sanidad y agua”, dijo a The Guardian Beatrice Lindstrom, del Instituto para la Justicia y la Democracia en Haití (Ijdh).
No obstante, desde la propia Nueva York, un tribunal de apelaciones reafirmó —horas después del anuncio— la inmunidad del organismo ante una demanda de las víctimas, revalidando un fallo del año pasado de un juez federal.
¿Qué hace que la ONU esté exenta de pagar ante la justicia por estos hechos? En diálogo con EL COLOMBIANO, Carlos Arévalo, docente de la Maestría en Derecho Internacional de la Universidad de La Sabana, consideró que “tendría que demostrarse una intención de causar ese perjuicio. Puede haber una responsabilidad por parte de Naciones Unidas, pero no sería penal. La penal se adjudica a individuos más que a organizaciones. Y eso en caso de que se logre individualizar a alguien por este hecho”.
Más aún, una convención internacional de 1946 permite a la ONU bloquear cualquier acción judicial. Las víctimas argumentan que esa convención la obliga a establecer un proceso de acuerdo con ellas, algo que no ha ocurrido.
