Por Rosalinda Hernández C.
Especial desde Venezuela
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Protestas en Venezuela se agudizan en zona fronteriza
Elecciones, reconocimiento a la Asamblea Nacional, entre las exigencias de quienes protestan.
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Los enfrentamientos en las calles entre manifestantes y la Fuerza Pública dejan más de 50 heridos. Los estudiantes aseguran que no regresarán a sus casas hasta que las exigencias sean resueltas por parte del Gobierno Nacional. FOTO AFP
La crisis política y social que vive el país vecino se siente con más drama en las calles del Táchira, estado fronterizo con Colombia, donde en las últimas horas las protestas estudiantiles y marchas convocadas por la sociedad civil y partidos de la Mesa de la Unidad Democrática, MUD, han dejado más de 50 heridos.
El ataque por parte de cuerpos policiales durante la madrugada del domingo a un conjunto residencial, contiguo a la plaza Daniel Tinoco, donde se refugiaban grupos de “resistencia estudiantil” dejó un total de 23 heridos por perdigones lanzados por los cuerpos de seguridad.
Horas antes los jóvenes habían cerrado con barricadas las principales calles y avenidas de San Cristóbal en represalia a un ataque recibido por grupos parapoliciales que les dispararon a mansalva y se llevaron cautivos a cinco estudiantes, cuando regresaban de una manifestación pacífica en la referida plaza.
“En Táchira parece que la orden no es detener sino realizar ataques a la integridad física de los manifestantes. El sábado pasado sujetos encapuchados que sembraron pánico en la población porque se presentaron disparando, retuvieron a cinco jóvenes y después de golpearlos los dejaron libres”, explicó Raquel Sánchez, coordinadora del Foro Penal en Táchira.
Precisó la representante de la organización pro defensa de los derechos humanos que quienes integran los grupos parapoliciales pertenecen a cuerpos de seguridad del Estado. “No todos, pero con propiedad digo que son funcionarios del órgano de Contrainteligencia Militar que recibieron órdenes, al menos aquí en Táchira, de golpear a las personas mas no llevarlos detenidos”.
Aunque el derecho a la salud es primordial y está contemplado en Leyes internacionales y en la Constitución Bolivariana de Venezuela, los manifestantes opositores que resulten heridos en medio de las reyertas de calle pueden ser procesados por una flagrancia en un hecho de alteración del orden público como sucedió en 2014, durante las protestas de calle que se extendieron en el país por más de dos meses y pedían la renuncia de Nicolás Maduro.
“Los heridos no formulan la denuncia ante los órganos competentes en el país porque no confían en las instituciones del Estado venezolano. El Foro Penal les recomienda y asesora para que denuncien al organismo competente, pero ellos no quieren hacerlo”, precisó la vocera del Foro Penal.
Universidades sin clases
Desde el pasado martes 4 de abril y de manera indefinida quedaron suspendidas las actividades académicas en la Universidad Experimental del Táchira (UNET), debido a los intensos enfrentamientos entre estudiantes y funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).
Un total de 28 lesionados con perdigonazos, contusiones craneales e inhalación de gas lacrimógeno fue la cifra que Raúl Casanova, rector de la UNET, suministró el pasado viernes 7 de abril, cuando aún se presentaba la reyerta.
Similares hechos de violencia se han presentado en la Universidad Católica del Táchira (UCAT), donde representantes del movimiento estudiantil venezolano denunciaron ser atacados por grupos armados pro gobierno nacional (colectivos) que se desplazan en motocicletas y amenazan de muerte a la población.
Daniel García, dirigente estudiantil de la Universidad de Los Andes (ULA), aseguró que el movimiento que los agrupa no va a permitir más agresiones y represión por parte de los cuerpos policiales y las Fuerzas Armadas Nacionales (FAN) que están arremetiendo contra el pueblo.
“La represión y la delincuencia que gobierna Venezuela ha reprimido salvajemente a compañeros del movimiento estudiantil que luchan en la calle por el retorno de la democracia. Nos ataca a mansalva la Policía Nacional Bolivariana que trabaja conjuntamente con los colectivos armados. Eso, no nos atemoriza, Nicolás Maduro su tiempo ya pasó y sus amenazas no nos van a detener, vamos a seguir en la calle, para nosotros descanso de Semana Santa, no hay”, señaló el representante estudiantil.
El parlamentario nacional Franklin Duarte acusó al gobernador del fronterizo Estado Táchira, José Gregorio Vielma Mora, de estar organizando dentro de la sede de la Residencia Oficial de Gobernadores “a grupos de colectivos armados para atentar contra la población que ejerce el derecho establecido en la constitución a la protesta pacífica”.
Violencia se acentúa
Las agresiones y represión causados por los acontecimientos políticos en Venezuela no solo los vive Caracas, la crisis se ha extendido a los estados Miranda, Táchira, Carabobo, Mérida, Anzoátegui, Nueva Esparta, Lara y Portuguesa, ubicados en el centro, oriente y occidente del país.
El pasado sábado 8 de abril quedó registrado como el día más violento, no solo por la represión ejercida por parte de los organismos de seguridad venezolanos que impidieron la llegada de la marcha convocada por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) a la sede de la Defensoría del pueblo capitalina.
Destrozos en la sede de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura, sede del poder Judicial, ataques y conato de incendio en la sede del partido político Primero Justicia (PJ) del abanderado gobernador del estado Miranda Henrique Capriles y daños a las instalaciones de la Cámara de la Construcción del estado Carabobo, son parte de los sucesos registrados.
El balance presentado por el Foro Penal Venezolano (organización defensora de los derechos humanos en Venezuela), da cuenta de un total de 104 detenciones de ciudadanos a nivel nacional, siendo la capital de la república la abanderada con un total de 49 apresados.
Persecución
Cerca de la media noche del sábado 8 de abril la presencia de 30 funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) en las oficinas de la Gobernación del estado Miranda, en donde gobierna Henrique Capriles, encendió la alarma nacional.
“Venían supuestamente a inspeccionar el incendio que en la tarde sufrió la sede del partido que está contiguo a las oficinas de la Gobernación. La realidad es que las autoridades buscan “sembrar” a Henrique Capriles. El plan del Gobierno es sembrarlo para poder ordenar su captura e incriminarlo en los actos de violencia. Están locos por meterlo preso”, dijo en entrevista exclusiva a EL COLOMBIANO el diputado a la Asamblea Nacional, Juan Requesens, quien aún está convaleciente de la golpiza recibida por parte de afectos al Gobierno, días atrás.
El país enfrenta una dictadura y no hay otra opción que permanecer en la calle. Lo que se quiere es el cambio de Gobierno, dijo Morela Colmenares en medio de una protesta de calle en San Cristóbal.
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