El sábado el gobierno español aplicaría el artículo 155 de la Constitución de 1978, como último recurso ante el desafío catalán, lo que reduciría, en gran medida, las competencias autonómicas que tiene dicha región desde el fin de la dictadura en ese país.
Esto es, Cataluña podría pasar a ser administrada por Madrid, lo que no solo daría fin por ahora al predominio de los independentistas —con la Generalitat presidida por Carles Puigdemont—, sino que, a largo plazo, podría profundizar la fractura que hay entre algunos sectores catalanes y los políticos en España.
Fuentes de La Moncloa aseguraron ayer a periodistas de todo el mundo que el gobierno de Mariano Rajoy (Partido Popular) convocó para el sábado a una reunión con líderes de Ciudadanos y el Partido Socialista Obrero Español (Psoe), respectivamente Albert Rivera y Pedro Sánchez, para eventualmente anunciar la aplicación del artículo.
“La aplicación se daría con el fin de proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña. El gobierno aplicará el artículo 155 con inteligencia y con prudencia, y con el objetivo de reconstruir cuanto antes la legalidad”, según la agencia Efe.
En la reunión, como en todas las anteriores, quedaría excluida Unidos Podemos, formación de Pablo Iglesias con 67 escaños en el Congreso —tercera fuerza política del país—, que ha insistido en que la salida a la crisis soberanista es el diálogo.
