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El voto estuvo acorralado donde Chávez fue Dios
En un caserío del estado de Yacacuy y en la ciudad de Maracay, dos reductos del chavismo, denunciaron amenazas al que no fuera a las urnas.
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En los reductos del chavismo, donde en otra época las ayudas sociales del Estado condujeron a la prosperidad de muchos habitantes, hubo denuncias de amenazas (sobre todo por medio de los programas de ayuda) para quienes no votaran. FOTO Reuters
Pasadas las 5 de la madrugada, luego del toque de diana, quienes estaban obligados a prestar servicio en la elección constituyente promovida por el presidente Nicolás Maduro ya se encontraban en su centro de votación para definir el futuro próximo de Venezuela.
Alicia Aguilar, habitante de un caserío chavista en el municipio de Nirgua, estado de Yaracuy (centro), llegó incluso antes del toque para ultimar los detalles logísticos en una escuela bolivariana, donde se esperaban 318 electores.
No obstante, sus motivaciones para participar iban más allá de lo electoral.
En esa zona rural deprimida por la crisis económica que arrecia en el país caribeño, el Gobierno se ha encargado de subsidiar vivienda y alimentación y promover sus planes sociales con sus estructuras partidistas. No es de extrañar que con una inflación de 2.200% proyectada para este año, según el Fondo Monetario Internacional, Alicia no pueda mantenerse con sus ingresos de comerciante, y se beneficie directamente de los alimentos subsidiados por el Estado.
Incluso, a Alicia le dijeron en el consejo comunal que quien no vote por la Constituyente no obtendrá el CLAP, una bolsa de alimentos que cuesta un poco más de 1.10 dólares, destinada a abastecer a las personas más pobres en medio de la guerra económica denunciada por Maduro. “¿Qué más voy a hacer? Si ahí es que nos ayudamos. Dijeron que los quitarían si no votábamos este domingo”, comentó.
Amenazas en zonas urbanas
También en el centro del país, en la ciudad de Maracay, Saúl Torbes, exmilitante del Partido Socialista Unido de Venezuela y trabajador en una empresa del Estado venezolano, fue víctima de amenazas.
“Estamos obligados a votar”, comentó, refiriéndose a que no puede perder su trabajo. El jueves 27, en el cierre de campaña por la Asamblea Constituyente, Torbes fue llevado en autobús, desde una de las ciudades del interior del país hacia Caracas para escuchar el discurso del presidente Maduro. Todos recibieron una orden: votar.
Este tipo de amenazas son recurrentes en contra de funcionarios públicos y otras organizaciones sociales que soportan la estructura del estado venezolano, como los “colectivos revolucionarios” y consejos comunales.
También organizaciones sociales como la OMDER y FUMTEA, colectivos de mototaxistas, pasaron por situaciones similares.
Carlos Guedez, motorizado de una de estas organizaciones, dice que estaban obligados a sufragar, ya que le darían “un cargo en el Ministerio de Educación”, aseguró.
Entretanto, los medios de comunicación y periodistas vieron su labor truncada.
La orden de Tibisay Lucena, presidenta del Consejo Nacional Electoral, fue que los medios no se acercaran a los centros electorales en un perímetro de 500 metros.
En toda Venezuela, se denunciaron decenas de situaciones irregulares en las que periodistas fueron agredidos y apresados. Los efectivos militares del Plan República tuvieron la orden expresa de no permitir que se tomaran fotografías. A juicio del analista político de izquierda Nicmer Evans, el proceso constituyente es una estafa electoral.
Aunado a ello, están el secretismo y el impedimento del ejercicio del periodismo en la cobertura. Varias localidades en todo el país fueron asediadas por paramilitares y los partidarios de la Unidad Democrática (MUD), en la oposición, sufrieron la represión de la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.
Así las cosas, el panorama para Venezuela se ve confuso desde el centro del país.
Una vez instalada la nueva Asamblea Nacional, estos 545 legisladores tendrán el destino de la nación en medio de una de las crisis políticas más graves de la historia.
Los nuevos constituyentes, que representarán desproporcionalmente 335 localidades y municipios rurales y urbanos, obtendrán un suprapoder que pretende “refundar” la república venezolana.
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