El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo recoger los billetes de 100 bolívares, que actualmente es el de mayor denominación, para hacer frente a supuestas mafias colombianas que almacenan el papel moneda para desestabilizar la economía del país.
Aseguró, durante su programa En contacto con Maduro que hay bancos nacionales involucrados y que “la operadora” que ha dirigido el plan contra el papel moneda de Venezuela es una ONG “contratada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”.
“He decidido sacar de circulación los billetes de 100 bolívares (un dólar equivale en Venezuela a 670 bolívares) en las próximas 72 horas y dar un plazo prudente para que quienes posean billetes de 100 bolívares lo declaren ante la banca pública y ante el Banco Central (BCV)”, dijo.
Señaló que esta medida se toma tras la realización de una exhaustiva investigación en la que se determinó que hay almacenes, no solo en varias ciudades de Colombia, sino también en Brasil, Alemania, República Checa y Ucrania donde las mafias estarían acumulando los billetes venezolanos.
“Se calcula más de 300.000 millones de bolívares que están en poder de las mafias internacionales dirigidas desde Colombia (...) parte del golpe económico”, apuntó.
La medida se toma cinco días después de que el Banco Central anunciara la ampliación del cono monetario con seis nuevos billetes, de 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 y 500 bolívares, y tres monedas más, de 100, 50 y 10 bolívares que implica una adaptación a la fuerte inflación que sufre el país.
El presidente insistió en que desde hace por lo menos dos años se ha dado un “fenómeno” desde Colombia de extracción del papel moneda venezolano a través de las ciudades fronterizas colombianas de Cúcuta y Maicao, donde existe “un centro permanente de ataque a la moneda venezolana”.
“¿Cuál es el objetivo? la desestabilización de nuestra economía, la desestabilización de la sociedad, dejar al país sin billetes de 100 bolívares”, dijo.
Agregó que dio la orden a los ministros de Defensa y de Interior, Vladimir Padrino, y Néstor Reverol, respectivamente de “cerrar inmediatamente todas las posibilidades terrestres aéreas y marítimas para que no regresen esos billetes, que se los llevaron y ellos se queden con su estafa en el exterior”.
Informó que la medida saldrá publicada este lunes en Gaceta Oficial y que a partir de ese momento las personas tendrán 72 horas para hacer el canje o depósito del billete y después de ese lapso habrá un período de 10 días para que esa transacción se haga directamente en las taquillas del Banco Central.
Aseguró que “desde hace meses” Venezuela le ha exigido al Gobierno de Colombia “por las vías diplomáticas” que tome cartas en este asunto y resaltó que este delito está tipificado en la Ley contra la Delincuencia Organizada, que contempla hasta 18 años de cárcel para el que trafique la moneda nacional.
“Yo pido la máxima pena a todos los responsables que surjan de esta investigación”, advirtió.
Sobre la empresa de juguetes intervenida
Pero no fue su único anuncio. Sobre la intervención a la distribuidora de juguetes Kreisel y la incautación de unos cuatro millones de objetos lúdicos, dijo el mandatario que hay que dar un nuevo “paso” y consideró pertinente fundar en sus instalaciones una fábrica juguetera administrada por el “pueblo”.
“¿Qué va a pasar con esta empresa? Al gabinete económico se lo dejo, al buró político se lo dejo, este gran capital, tiene 200 tiendas, los dueños salieron huyendo del país, cometieron graves delitos en el país. ¿Qué va a pasar?”, se preguntó el presidente en su programa.
El superintendente de Precios de Justos, William Contreras, que se ha encargado personalmente de las intervenciones y decomisos, propuso que uno de los principales almacenes de la empresa, ubicado en las afueras de Caracas, se convierta en la fábrica de juguetes.
“Yo recomendaría como primer paso la ocupación temporal de esta empresa con todos sus activos y acto seguido entregarle esto al pueblo organizado para la producción de juguetes hechos en Venezuela”, dijo Contreras una propuesta que recibió el visto bueno de Maduro.
La intervención de Kreisel se produjo, según Contreras y Maduro, después de que el Estado recibiera varias denuncias del acaparamiento de juguetes y especulación con los precios.
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