Entre el 11 y el 14 de abril de 2002, con el fallido golpe que intentó poner en el poder a Pedro Carmona Estanga, la lucha en las calles y la retoma de Miraflores por parte de militares leales a Hugo Chávez, Caracas empezó a evidenciar que las preocupaciones de muchos sectores sobre lo que depararía el futuro de Venezuela eran una certeza que no se iría, para infortunio y sufrimiento del pueblo, en mucho tiempo.
Durante los últimos 15 años, el vecino país pasó de la era del autoritarismo, dirigido por el expresidente Chávez a la dictadura de Nicolás Maduro, proceso que se concreta a través la violación sistemática y flagrante de la Constitución Bolivariana, de los derechos humanos y de las libertades políticas, relató a EL COLOMBIANO el abogado constitucionalista y docente de la Universidad Central de Venezuela, José Vicente Haro.
“En octubre de 2013, el gobierno aprobó el Plan de la Patria y la Ley Habilitante. Allí empezó el régimen a apartarse de la Carta Magna y a dictar leyes al margen de la Constitución, algo más grave de lo que ya había hecho Hugo Chávez, periodo en el que se respetaron algunas formas constitucionales”, precisó.
A pesar que los protagonistas de los sucesos que llevaron a un vacío de poder en Venezuela, durante el 11, 12 y 13 de abril de 2002, aseguran que los hechos no guardan similitud, la realidad es que en ese momento como en el actual, se hicieron a un lado los preceptos establecidos en la Constitución.
“En abril de 2002 medió una renuncia y un vacío de poder, con un compromiso de convocar a elecciones inmediatas y restituir la vigencia de la Carta Magna. Hay una abismal diferencia en cuanto a valores y principios personales. El chavismo quiere perpetuarse en el poder, niega la voluntad popular, el derecho al voto, jura que no permitirá jamás a la oposición llegar a Miraflores, amenaza con incendiar al país, destruye instituciones, aísla a la nación y reprime sin clemencia a la disidencia. Que no haya lugar a comparaciones”, reseñó en su blog personal, Pedro Carmona Estanga, quien fungía como representante nacional de Fedecámaras y luego se autoproclamó presidente de Venezuela, durante los sucesos de abril de 2002.
Bajo el mandato de Hugo Chávez, Venezuela vivía un gobierno de corte autocrático, donde se cercenaban los derechos humanos por parte de funcionarios armados, y de políticos del partido de gobierno (Psuv), pero no de la manera tan desproporcionada como se hace actualmente, aseguró José Vicente Haro.
“Se dio un golpe de Estado en medio de una situación de violación de los derechos humanos por parte del Gobierno de Hugo Chávez. Ahorita hay una dictadura y las violaciones a los derechos humanos se han extendido”, afirmó.
El reclamo a una mejor calidad de vida llevó al pueblo y a representantes políticos de oposición venezolana a salir a la calle en abril de 2002, desbordándose la acción en una marcha hasta el Palacio de Miraflores, sede del gobierno, en donde cayeron abatidos en manos de francotiradores decenas de manifestantes que ejercían su derecho de manera pacífica.
La aplicación del “Plan Ávila, estrategia militar que puso las armas contra el pueblo, hizo reaccionar a una parte de la cúpula militar que pidió la renuncia a Hugo Chávez, y en medio de una estrategia militar se concretó un golpe de Estado.
En lo que aparenta tener cierta similitud los hechos del pasado con la actualidad, es precisamente que la oposición venezolana no supo reaccionar a la situación que se vivió en abril de 2002.
“Lo que debió ser un pronunciamiento de la Asamblea Nacional para declarar la vacante absoluta con base en la carta de renuncia firmada por Hugo Chávez, no se hizo. La Presidencia de Venezuela debió ser asumida por el presidente de la Asamblea Nacional y no por Carmona Estanga”, precisó el constitucionalista venezolano.
Abril de 2017, es un claro reflejo de que la Asamblea Nacional llega tarde a lo que debió hacer en enero de 2016, analizó.
“Venezuela llega a esta situación por decisiones políticas tomadas muy tarde en el Legislativo. El gobierno se aprovechó de esta lentitud y de la división de los sectores políticos de oposición para tomar decisiones tácticas y neutralizar a la Asamblea Nacional, dividir la oposición en la Mesa de la Unidad Democrática hasta llegar a la situación actual en donde los ciudadanos están haciendo el trabajo de los parlamentarios en primera línea, en la calle”.
La crisis actual no puede terminar como el 12 de abril de 2002. Los militares no deben intervenir en la política venezolana y quién piense que la salida es la intervención de los militares en el conflicto político, lo que propone es agravar la situación. “Los ciudadanos ejerciendo sus derechos políticos son los que la deben resolver”, argumentó Haro.
