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La Cidh confirmó que hubo violación de derechos humanos durante la deportación masiva de colombianos.
En la noche del 19 de agosto, el presidente Nicolás Maduro tomó una decisión sorpresiva: “He dado instrucciones a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana de cerrar la frontera con Colombia en San Antonio del Táchira y en Ureña de manera inmediata por 72 horas”.
Sus palabras, difundidas por radio y televisión, tuvieron un efecto devastador en la frontera colombiana. No fueron 72 horas, el cierre se extendió indefinidamente; la medida se aplicó, posteriormente, a La Guajira y Arauca, generando problemas para los empresarios de la zona y para las comunidades que, como la wayúu, estaban acostumbradas a cruzar la frontera todos los días.
Maduro justificó el cierre por el ataque que sufrieron tres militares venezolanos en San Antonio del Táchira. Esa misma semana desplegó una operación militar para “erradicar el paramilitarismo de la frontera”. Producto de esta fueron deportados 1.097 colombianos, según cifras de Naciones Unidas. Por miedo a ser expulsados por la Guardia Venezolana, 18.377 colombianos...