El programa de concesiones viales de cuarta generación (4G) se constituye como el más importante en la historia reciente de la construcción de infraestructura en Colombia. De esta iniciativa depende superar el rezago en competitividad, específicamente, en obras de transporte de pasajeros y de carga.
Pese a la trascendencia de la iniciativa, la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) hizo notar recientemente, al igual que hace un año, que los cierres financieros de las 4G podrían ir mejor.
El gremio recalcó que en lo corrido de 2017 ningún proyecto ha logrado alcanzar tal cierre. De 30 trazados viales por construir, solo ocho tienen asegurada su financiación definitiva, los mismos que había a 2016 (ver gráfico).
Para el gremio todo se resume en la “incertidumbre para los financiadores” derivada del escándalo de corrupción de la constructora Odebrecht, descubierto en diciembre, la cual estaba a cargo de las obras de la transversal Río de Oro–Aguaclara–Gamarra o Ruta del Sol 2.
Los señalamientos en el sentido de que la empresa brasileña pagó millonarios sobornos para quedarse con ese concesión, provocó la terminación del contrato 18 años antes de lo previsto (ver Dicen de...). Ahora, la forma y condiciones que se establezcan para liquidar ese contrato mantiene en vilo a los bancos, que espera saber cómo les devolverán 2,6 billones de pesos.
Hace una semana, la comisionista Credicorp Capital recogió declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, asegurando que los bancos recibirán el pago por el proyecto Ruta del Sol 2 (ver Opinión).
