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Cartel del cemento, una lucha larga y dura
Denuncias, altas multas y extensos procesos son los denominadores de esta práctica, cuando es detectada.
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Fabián Rivas
18 de octubre de 2017
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El informe motivado de la Superintendencia Delegada para la Protección de la Competencia que expone una serie de evidencias sobre la presunta cartelización de tres empresas cementeras para fijar precios y repartirse el mercado colombiano, se suma a otras cuatro investigaciones llevadas a cabo en ese sentido en los últimos 20 años por parte de la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC).
El informe se agrega a una serie de indagaciones que en el mundo diversas autoridades como la Comisión Europea han iniciado, para demostrar la colusión de compañías y agremiaciones del sector cementero con el propósito de manipular el mercado.
En el año 1994, por ejemplo, suscitó expectativa la decisión en torno al “megacartel” que desde 1983 mantuvieron ocho asociaciones de productores de cemento y 33 empresas de 16 países europeos, contra las cuales se impusieron sanciones por 242 millones de euros.
Los sucesivos recursos interpuestos por los afectados permitieron que años más tarde (2006) esas sanciones rebajaran hasta los 110 millones de euros.
Según el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo, en el caso colombiano en tres ocasiones las averiguaciones se cerraron gracias a las garantías y compromisos que las firmas investigadas asumieron con esa entidad.
En la cuarta ocasión (2003-2007), el superintendente de la época Jairo Rubio sancionó a Cemex y Holcim por incumplir los compromisos adquiridos. “En ese momento, la sanción que impusimos fue la máxima de dos mil salarios mínimos y gracias al proyecto que presentamos al Congreso, las multas alcanzan hoy los cien mil salarios (73.771 millones de pesos)”.
Las pocas compañías dedicadas a este negocio (oligopolio) y la poca diferencia del producto permite que haya una similitud en los precios, anotó Rubio.
Multas, ¿efectivas?
Para el exsuperintendente de Industria y Comercio, Gustavo Valbuena, más que imponer millonarias sanciones económicas lo que debe primar es la cultura empresarial.
“Hoy las sanciones son lo suficientemente altas para que se sientan en los resultados económicos de las empresas, pero también se requiere que los directivos de las empresas se comprometan con el respeto por las normas de libre competencia”.
Para el especialista en Derecho de la Competencia de la firma Archila Abogados, Dionisio de la Cruz, adicional a las multas onerosas sería conveniente que desde la parte afectada, entre ellas otras empresas o los consumidores, den las voces de alerta para detectar este tipo de prácticas.
“Los garantes del mercado somos los consumidores, y lo que se espera es que denunciemos. En la medida que el silencio se imponga, este termina perjudicándonos”, comenta el abogado (ver Paréntesis).
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