J aime Granados Peña, uno de los abogados más mediáticos del país, guarda en esta ocasión silencio cuando se le pregunta sobre la salida jurídica de su cliente, el grupo cementero Cemex, para salvar una inversión de 420 millones de dólares, 1,22 billones de pesos al cambio actual, en una planta en el municipio antioqueño de Maceo.
Un presunto delito en la compra del predio le impide hoy ponerla en operación. De hecho, Cemex reconoció en documentos enviados a EL COLOMBIANO el incierto futuro de su inversión (ver recuadro).
Según la Fiscalía, cuando ejecutivos de la multinacional negociaron el terreno con Eugenio Correa Díaz, representante de C.I. Calizas, el predio estaba dentro de un proceso de extinción de dominio que se adelantaba en contra de José Alejandro Moncada. Este último, presunto cerebro del desfalco a la Dian por recobros por exportaciones falsas de chatarra, fue además socio de James Francisco Arias, a quien se conoce como el “zar de la chatarra”.
De manera oficial, la Fiscalía reveló que “de acuerdo con la indagación los directivos de Cemex y Eugenio Correa tenían conocimiento de esta situación y a pesar de ello insistieron en la negociación, concepto por el cual la cementera habría desembolsado más de 40.000 millones de pesos, dinero que llegó a las cuentas personales de Correa Díaz, y del que al parecer una parte se utilizó para pagar obligaciones de José Aldemar Moncada, mientras que el resto se convirtió en dinero en efectivo sin que haya ingresado un solo peso a C.I. Calizas S.A.”.
En los próximos días vendrán las imputaciones de cargos a: Eugenio Correa Díaz, que representó a C.I. Calizas y Minerales, por el presunto delito de enriquecimiento ilícito de particulares, lavado de activos y falsedad en documento privado; Édgar Ramírez Martínez, exvicepresidente de Planeación de Cemex Colombia, por presunta administración desleal, enriquecimiento ilícito y falsedad en documento privado; y Camilo González Téllez, exvicepresidente Jurídico de Cemex Colombia, por presunta administración desleal y enriquecimiento ilícito en beneficio de terceros.
