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La negociación del salario mínimo en Colombia se convirtió en un ritual en el que empresarios y trabajadores se sientan a discutir en la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales, pero al final termina el Gobierno definiendo el reajuste que siempre se decreta el penúltimo día del año.
Un claro ejemplo de ello es lo que ha pasado en los últimos días con la negociación del incremento salarial para 2017. Las partes han asistido a seis sesiones de concertación, sin que a menos de una semana de terminar el año se haya logrado poner punto final a la discusión. Lo más seguro es que, de nuevo, el Gobierno lo defina unilateralmente el próximo viernes.
Los empresarios y los trabajadores ya pusieron las cartas sobre la mesa. En primera instancia los empleadores plantaron un incremento del 6,5 %, que estaría por el orden de los 44.814 pesos. Y en la última reunión, el pasado jueves, subieron al 6,7 %, que representaría algo más de 46.000 pesos como idea para el nuevo incremento.
Los trabajadores, por su parte, se han mantenido desde el principio en la propuesta unificada del 14 %, que incrementaría el salario que reciben cerca de dos millones de personas en Colombia. Esto significa pasar de 689.455 a 817.977 pesos. Se trata de una cifra, según analistas, que no se compadece con las condiciones de la economía.
El plazo máximo que tenía la Comisión para concertar este incremento era el pasado 15 de diciembre. La ministra de Trabajo, Clara López, decidió extender las negociaciones, con el fin de que este año se lograra un consenso entre las partes, pero hasta ahora no ha dado resultado y la última reunión se realizará entre mañana 28 y el jueves 29.
¿Discusión estéril?
Esto ha generado que los colombianos se cuestionen sobre el papel que está cumpliendo la Comisión Permanente de Concertación Laboral de Políticas Salariales y Laborales, teniendo en cuenta que en los últimos 15 años tan solo se ha logrado conciliar cuatro veces el incremento (ver Radiografía).
El presidente de la Confederación General de Trabajadores, Julio Roberto Gómez, reconoció que la Comisión es un organismo creado por el artículo 56 de la Constitución Política, pero es una figura criticada por los mismos empresarios y trabajadores, quienes la integran. “No cumple sus funciones y solo se hace notoria a final de año, cuando se debe definir el incremento”, comentó.
Para el dirigente sindical, la discusión se volvió un ritual con libreto, en que las partes llega con una propuesta a la mesa y el Gobierno solo juega de árbitro.
“Llegó el momento de hacer una evaluación sobre qué estamos haciendo en la Comisión de concertación, pues puede jugar un papel mucho más determinante del actual”, añadió Gómez Esguerra.
Por su parte, el presidente de Asopartes, Tulio Zuloaga, manifestó que normalmente no se logra concertación, porque los datos que se miran para el incremento no son suficientes.
Según él, hace falta completar con muchos más temas empresariales, como presupuestos, resultados, situación del negocio, entre otros.
Zuloaga y Gómez coincidieron en que los tiempos para la negociación del salario mínimo son muy cortos, porque se requiere analizar variables como productividad, inflación, entre otras, y eso también causa que las partes no logren acuerdo.
El presidente de la CGT señaló que el salario se debería concertar desde julio, antes de la ley de Presupuesto General de la Nación y antes de que las empresas fijen sus recursos para el próximo año.
De otro lado, Ricardo Bonilla, miembro del Centro de Investigaciones para el Desarrollo de la Universidad Nacional, fue más allá y se centró específicamente en el papel que juega el Gobierno y dicha comisión. La mesa tiene un defecto: es tripartita, pero las decisiones son bipartitas, es decir que están los empleadores, trabajadores y Gobierno solo como un árbitro.
“Así no tiene nada que hacer ahí, no toma decisiones ni tiene capacidad para sugerir, ni injerencia de nada”, puntualizó Bonilla .