Para junio de este año el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD), del Ministerio de Salud, identificó y caracterizó a 1,4 millones de personas con alguna dificultad, cifra que representa, aproximadamente, el 3 % del total de la población colombiana.
El reporte también señaló que el 64,12 % de esta población (900.317) no tiene ingresos, y un 21,33 % (otros 299.520) reciben menos de 500 mil pesos mensuales.
La caracterización permitió ubicar a 165.283 discapacitados trabajando, de los cuales el 80,33 %, es decir 132.772 no tenían contrato laboral. Además, el 32 % de ellos no pueden trabajar y no tienen pensión, mientras que solo 11 % tenía un contrato a término indefinido (ver gráfico).
Promoción del empleo
En este contexto Sonia Gallardo Gómez, directora del Comité de Rehabilitación, sostuvo que el 95 % de los discapacitados con posibilidad de trabajar no son enganchados a la fuerza laboral.
“Los avances son pocos. Hay una brecha que tenemos que cerrar y es la de sus perfiles, porque la inclusión educativa también es baja y estas personas, por lo general, no terminan sus ciclos de instrucción”, añadió Gómez.
Recordó que hace cinco años se inició con la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi) un programa de motivación para que las compañías vincularan a esta población, pero la iniciativa solo concretó la inclusión de cinco personas. “En Antioquia estamos mejor que otras regiones, porque los programas de otras zonas se enfocan en la entrega de ayudas económicas. Medellín tiene subsidios, pero se complementan con programas como Escuela para la Inclusión o Pacto de Productividad, se sienten algunos avances”, expresó (ver ¿Qué sigue?).
Para Alcibiades Serrato, fundador de la Asociación Colombiana de Personas con Discapacidad Física (Acopedifi), el censo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) entregaría alguna información sobre este tipo de población, que él estima entre tres y cuatro millones de personas.
Cuestionó que aunque con el Decreto 2011 de 2017 el Ministerio de Trabajo estableció los porcentajes de vinculación laboral de personas con discapacidad en el sector público, esto fijó unos plazos largos para cumplir la norma (entre 2019 y 2027).
Finalmente, un informe de la Fundación Saldarriaga Concha reconoció que hay avances en la inclusión laboral de los discapacitados, pero consideró que falta que estas personas puedan acceder, permanecer y ascender en un empleo en el mercado laboral formal en igualdad de condiciones.
