El jueves de esta semana se cumplen los 59 días pactados para la realización del eCenso o censo electrónico, la medición permitirá saber cuántos y cómo somos los residentes en Colombia y en qué condiciones vivimos, después de 13 años de que no se realizara esta mirada a cargo del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane).
Mauricio Perfetti, su director, le dijo a EL COLOMBIANO, que el balance es positivo si se tiene en cuenta que “en todos los departamentos hay personas censadas, y en 1.101 municipios, así como en 17 de las 20 áreas no municipalizadas del país”.
Hasta el viernes a media noche, 2,4 millones de ciudadanos habían sido censados. De ellos, 1,23 millones eran hombres y 1,21 millones, mujeres. Y quedan a penas cuatro días para llegar a la meta inicial: 3 millones.
Quienes residen en Bogotá son los que más se han animado a usar esta plataforma con un total de 704.667 personas, mientras en Antioquia, que le sigue en segundo lugar, llegó a penas a 266.509.
Valle del Cauca, sigue de cerca a este territorio, con 204.694 personas, Cundinamarca, con 173.012, y Boyacá, con 89.460.
Si se hace una lupa por municipios antioqueños, el mayor porcentaje de quienes han realizado el trámite se concentra en la capital, Medellín, con 124.803 personas censadas. Bello ocupa el segundo lugar en el escalafón (22.535), Envigado (17.470) e Itagüí (12.685).
El jalón de orejas llega para los servidores públicos que pese a estar obligados por el Decreto 1899 de 2017 a cumplir con el requisito están en pañales. Según confirmó el Perfetti se estima que 350 mil han cumplido con el requisito, pese a que el número ideal es 900 mil. “Lo cierto es que esta cifra debemos corroborarla bien pues muchas veces los servidores públicos conforman un hogar censal y ahí hay que escudriñar el dato”, dijo.
La Procuraduría General de la Nación apoya y acompaña este proceso, en el que se espera no haya lugar a la imposición de sanciones disciplinarias ni económicas.
De hecho, para cualquier colombiano que obstruya o impida el censo será sancionado con una multa de hasta 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes, debido a la Ley 79 de 1993 que así lo estipula.
Tanto se debatió sobre la inclusión de personas con capacidades diversas y algunas ya hicieron su medición: 3.653, según se resaltó en la estadística oficial proporcionada por el Dane.
