Por cuarto año consecutivo el Gobierno Nacional ha negado actualizar la norma para la expedición del listado de paraísos fiscales, que debió publicarse el pasado 21 de octubre pero que no se realizó.
Según el artículo 260-7 del Estatuto Tributario, el Gobierno debe actualizar el listado de paraísos fiscales, con el objetivo de exigir medidas de control e intercambio automático de la información, para evitar la evasión tributaria por medio del lavado de activos, la subfacturación comercial y otros mecanismos de flujos financieros ilícitos.
Sin embargo, desde 2014 el Gobierno no expide dicho listado, en el que no están incluidos reconocidos paraísos fiscales como Panamá, Barbados, Mónaco y Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con Mario Alejandro Valencia, director de Cedetrabajo e integrante de la Red de Justicia Tributaria, “el 31 % de la inversión extranjera que llega a Colombia proviene de paraísos fiscales, unos 4.360 millones de dólares que también sirven como mecanismo para sacar dinero del país a través de prácticas ilícitas, sin pagar impuestos”.
La opinión general es que el Congreso y los entes de control tienen las manos atadas en la fiscalización de algunas empresas, pues hay casos de subsiadiarias fuera del país. .
