Se espera que a más tardar en febrero de 2016, la Superintendencia Financiera expida la resolución que defina cómo operará la doble asesoría pensional que los trabajadores colombianos estarán obligados a recibir si deciden trasladarse del régimen privado de Ahorro Individual (Rais) al público de Prima Media (RPM) o viceversa.
De esa manera se activa lo dispuesto en el decreto 2071, del 23 de octubre pasado, que reglamentó la ley 1728 de 2014, sobre requisitos de información al consumidor financiero.
La asesoría de traslado la debe hacer Colpensiones y la AFP correspondiente de la que quiere salir o llegar el afiliado, según el caso. Se empleará un formato estándar, cuyo contenido definirá la Superfinanciera y que, surtida la asesoría, debe firmar el cotizante.
Así lo explicó el director de Regulación Económica de la Seguridad Social del Ministerio de Hacienda, Jaime Eduardo Cardona, durante el taller nacional de periodistas de Asofondos, gremio de las cuatro administradoras privadas de pensiones (AFP), el sábado pasado en Bogotá.
La asesoría que ofrezca Colpensiones, como administrador del régimen público, o las AFP Protección, Porvenir, Colfondos y Old Mutual, a cargo del régimen privado, deberá contener, como mínimo, tres cálculos, más otros que considere establecer la Superfinanciera.
“Con base en las condiciones particulares del afiliado, en cada régimen se le debe informar la probabilidad de pensionarse, una proyección del valor de la pensión, y otra del monto de indemnización sustitutiva o devolución de saldos, según sea el caso, si no cumple los requisitos para pensionarse”, explicó Cardona.
Decisión desinformada
Y mientras se pone en marcha la doble asesoría, entre enero y septiembre de 2015 se han pasado 132.295 afiliados de una AFP a Colpensiones, el mayor número registrado en los últimos nueve años. En contraste, el traslado de Colpensiones a una AFP lo decidieron solo 25.639 cotizantes.
Así que en los primeros nueve meses del año cerca de 6 billones de pesos, según el gremio de las AFP, salieron de los fondos privados y pasaron al tesoro de la Nación. Esto crea un efecto no buscado por el Gobierno, pero también de graves consecuencias: se disminuye el déficit fiscal de este año, pero aumenta el pasivo pensional de la Nación en próximas décadas que, al final, pagan todos los colombianos en impuestos.
Entre 12 y 13 billones de pesos anuales debe girar el Ministerio de Hacienda a Colpensiones para poder cumplir con las mesadas que debe pagar.
El asunto ahora es que los colombianos están poniendo en riesgo su principal protección en la vejez por cuenta de traslados a Colpensiones.
En la mayoría de los casos, la decisión se basa en supuestos errados, información equivocada y más influenciados por familiares, amigos o asesores informales que por reales expertos en pensiones.
Así lo arroja un estudio cualitativo del Ministerio de Hacienda revelado este fin de semana por Cardona, luego de encuestar a 300 afiliados que decidieron voluntariamente trasladarse de una AFP a Colpensiones.
“El 73 por ciento no se acuerda de haber hablado con un asesor de su fondo de pensión o de haber tenido una simulación de la pensión que podría recibir en ambos regímenes cuando hizo los trámites para trasladarse al RPM”, agrega el funcionario.
Asimismo, el 37 por ciento reportó que recibió ayuda de un amigo o familiar para tomar su decisión, otro 34 por ciento lo decidió solo y apenas el 7 por ciento acudió a un asesor de Colpensiones y otro tanto a uno de la AFP (ver gráficos).
Ya un estudio técnico anterior, con base en los traslados del régimen privado al público durante el año 2013, arrojó que el 75 por ciento de los que llegaron al RPM no alcanzarán a tener las 1.300 semanas cotizadas para pensionarse, uno de los requisitos principales (ver Cara a Cara).
Mitos y realidades
Pero más preocupante son las motivaciones que soportan la decisión de trasladarse. Si antes la hipótesis principal apuntaba a que los afiliados cambian de régimen pensional porque quieren tener una mayor mesada, pues resulta que no es así.
Solo una minoría de los consultados responden a criterios usuales de racionalidad pensional: el 16 por ciento lo motivó el monto de la pensión y otro 12 por ciento la probabilidad de pensionarse.
En cambio, el 45 por ciento considera que es más confiable Colpensiones, bajo la idea de que, como es estatal, no tiene riesgo de quebrarse.
Pero la realidad es otra. “Tanto Colpensiones como las AFP tienen garantía estatal. Y eso se ve en mecanismos como el Fondo de Garantía de Pensión Mínima al que pueden acudir afiliados a una AFP que tienen las semanas cotizadas, pero no el capital suficiente. Si los recursos de ese fondo son insuficientes, el Gobierno los garantiza”, explicó Cardona.
Otra respuesta que emergió son las pérdidas financieras de las AFP. Pero lo cierto es que las rentabilidades de las AFP colombianas son las más altas de América Latina.
“A 2014, el ahorro pensional registra una rentabilidad histórica anual real de 8,56 por ciento desde que inició el régimen de ahorro individual en 1994, explicó el presidente de Asofondos, Santiago Montenegro Trujillo.
Además la Superfinanciera exige a las AFP una rentabilidad mínima, que si el fondo pensional no logra cumplir con la administración de los portafolios de inversión, pues deben salir a cubrirlo con sus propias reservas o patrimonio (ver Para saber más).
Con todo lo dicho, también aflora un optimismo tremendo de los colombianos frente a sus proyecciones de ocupación e ingresos futuros para poder pensionarse, cuando la realidad del mercado laboral indica que, además de la alta informalidad, a medida que los trabajadores envejecen, son menos requeridos.
“El 90 por ciento de encuestados manifiesta que cree que es probable que cotice todos los meses al régimen de pensión en los diez últimos años antes jubilarse y el 55 por ciento cree que eso es ‘muy probable’”, concluye el estudio.
Cabe recordar que en el régimen público la mesada pensional se calcula sobre el promedio de ingreso de los últimos 10 años. En ese sentido, Montenegro y Cardona coinciden en que jubilarse en el régimen público resulta óptimo solo para quienes tienen unos ingresos muy altos y una gran certeza de estabilidad salarial en su última década de vida laboral.
Según el Ministerio de Hacienda, solo el 20 por ciento de los trabajadores colombianos de más altos ingresos y afiliados al sistema pensional alcanzará a jubilarse, la gran mayoría están en el régimen público..
*Por invitación de Asofondos