Las proposiciones de última hora por parte de algunos congresistas para que la ley de licores protegiera la producción nacional de rones y vinos, y no solo la de aguardiente, extendieron las discusiones de la iniciativa por más de diez horas en el Senado de la República.
Pese a las explicaciones del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, en el sentido de que el aguardiente es un producto de la cultura nacional y queda protegido con la normativa, la extensión de dicha protección a otras bebidas (rones) resultaría inconveniente frente a otros países.
Frente a esa explicación, el senador Carlos Restrepo cuestionó que en el caso de Europa no se producen rones. “Allá se elaboran otro tipo de bebidas, así que no habría dificultades en la relación comercial con los países de esa parte del mundo”.
No obstante, el texto final de la ley incorporó una salvaguarda al ron nacional frente al importado.
En la cuenta de Twitter el Senado insistió en que “#LeydeLicores establece para venta de aguardiente salvaguardia para los departamentos, favoreciendo la industria nacional”.
Para beneficiar la producción local de vinos, a última hora también, se redactó un artículo adicional con el que esta bebida pagará 150 pesos por grado de alcoholimetría, un 20 % como impuesto al consumo y 5 % de IVA.
La plenaria del Senado aprobó una modificación al artículo 33 de la propuesta (referente a la destinación del IVA) para que este impuesto se destine para la inversión en salud de los departamentos.
En las discusiones de la tarde fueron aprobados 25 artículos de la ley, en bloque, sobre los cuales no se plantearon proposiciones.
Otra inquietud surgida en el último momento apostó por agregar un impuesto a la cerveza. La idea generó preocupación en Fenalco que advirtió un posible vicio de fondo. “La inclusión en el último debate de impuesto a las cervezas en la ley de licores violenta principio de consecutividad legislativa”, comentó Guillermo Botero, presidente de la agremiación.
El debate sirvió para ventilar las preocupaciones expresadas por los trabajadores sindicalizados de las empresas licoreras, algunos de los cuales participaron en ceses de actividades el pasado lunes, argumentando que habrá quiebra de las compañías y despidos masivos tras la implementación de la nueva ley.
