Las propuestas son para hacerlas, dicen por ahí, pero el Gobierno y los congresistas que consensuaron el articulado de esta reforma tributaria desatendieron ideas que, siempre discutibles, buscaban no solo tapar el billonario desbalance fiscal del presupuesto de la Nación para 2015, sino poner orden al galimatías que es hoy un Estatuto Tributario de casi 900 artículos.
Pasados apenas 23 meses de vigencia de la última reforma tributaria, y luego de tres meses de discusiones por la que cambia las reglas tributarias a partir de 2015, mañana a las ocho a. m. están citados los parlamentarios de las comisiones económicas para votar en primer debate el medio centenar de modificaciones acordadas entre el Gobierno y los ponentes.
Desde el miércoles pasado, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, explicó las principales modificaciones frente al proyecto original radicado a inicios de octubre (ver recuadro).
Ahora habrá que esperar qué sale del Congreso, en medio de sus dudas puntuales en penalizar la evasión y opiniones divididas sobre si la sobretasa al Cree se prolonga. Otra incertidumbre de empresarios y cortapisa para inversionistas.
El empresariado colombiano, desde el Consejo Gremial Nacional, se quedó con los crespos hechos ante la recomendada y esperada reforma estructural que este Gobierno no se atrevió a hacer.
El mismo Cárdenas dijo en septiembre a los comerciantes, reunidos por Fenalco en Ibagué, que no era partidario de esa posibilidad, porque se tiene certeza de lo que entra al Congreso, pero no lo que sale.
Ahora dependerá del cabildeo que hagan los gremios en el Congreso para que se suavicen algunos tributos y sea menor la zozobra en unas nuevas reglas de juego tributarias que afectan la inversión: en varios casos será más barato importar de México o Estados Unidos que producir en el país.
Desde otra orilla ideológica, la Red de Justicia Tributaria tampoco logró eco para que esta reforma partiera de eliminar los millonarios beneficios tributarios que tienen contribuyentes al impuesto de renta. Según los cálculos de este colectivo, la Nación deja de recibir cada año 9,2 billones de pesos por esas exenciones.
Y cada vez se hace menos probable que el impuesto a los dividendos que plantea la Red, y defienden algunos congresistas, tenga camino abonado con la oposición del Gobierno.
De otra parte, las juiciosas cuentas tributarias de los centros de pensamiento económico privados Anif y Fedesarrollo tampoco cuajaron para lograr incrementar el recaudo de impuestos con una doble intención: impulsar el crecimiento económico en medio de las turbulencias globales, eso sí, sin espantar la inversión con altos gravámenes, y enfrentar las altas obligaciones de inversión que tiene el país por delante, en vísperas del más ambicioso plan de infraestructura vial emprendido en la historia del país.
Así que se quedó en el power point la propuesta de Anif para que en Colombia suba la tasa general del IVA (impuesto a las ventas) del 16 al 17 por ciento, por dos años, para luego aumentar un punto más y acercarse al promedio latinoamericano del 19 por ciento.
Aunque de entrada se aprecia como una medida antipopular, las cuentas de Anif arrojan que el impacto es bajo, pues el 35 por ciento de la canasta básica familiar está exenta de IVA.
Tampoco se convertirá en ley la propuesta de Anif de que la tasa del IMAN, sistema con que se grava la renta de quienes tienen más altos ingresos se incremente en 3 por ciento, hasta una tasa efectiva del 23 por ciento.
Y por el lado de Fedesarrollo, no hizo mella en la voluntad del Gobierno ni de los congresistas el argumento en contra del Impuesto a la Riqueza para las personas jurídicas, en contravía de las prácticas tributarias de países desarrollados:
“En Colombia se trata a las empresas como si estas fueran las ricas”, lamentó Leonardo Villar, director del centro de estudios, quien agrega: la tributación debe ser más baja para personas jurídicas y más alta para las naturales, incluyendo ingresos de renta de capital.
Y después de tres meses de hablando de la reforma, las propuestas se pusieron sobre la mesa, pero no fueron recogidas ni por un Gobierno urgido de recursos ni un Congreso que sabe que toda reforma tributaria es, políticamente, una “papa caliente”.
Regístrate al newsletter