No hay nada qué hacer: si los colombianos quieren que no se les caigan las llamadas y navegar más rápido en internet por el celular, pues los operadores deberán ampliar la infraestructura, es decir, poner más antenas transmisoras en el país.
Y para eso los operadores de telecomunicaciones tienen toda la voluntad y la plata, en el último año han invertido 2 billones de pesos, pero no la luz verde de varios municipios que son renuentes o tienen un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que lo impide.
Asomóvil —que agremia a Claro, TigoUne y Movistar—, recuerda que hay un rezago de entre 7 mil y 10 mil antenas a lo largo y ancho del país, según cifras de la Agencia Nacional de Espectro (ANE).
Y sin más antenas, pues colapsará el internet móvil, teniendo en cuenta que solo en 2014 creció 55,8 por ciento el consumo de datos y aumentaron un 40 por ciento los usuarios de este servicio. A esos pasos, no hay red que aguante.
Según el presidente de Asomóvil, Sergio González Guzmán, hay 17 ciudades donde la situación es crítica por trabas o restricciones para instalar antenas, una de ellas es Itagüí, al sur del Valle de Aburrá. Las otras 16 son: Bogotá, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Cúcuta, Ibagué, Villavicencio, Valledupar, Montería, Palmira, Barrancabermeja, Pasto, Neiva, Armenia y Soledad (Atlántico).
Pero ya no tendrán como frenar o dilatar trámites de manera indefinida. El artículo 193 de la ley 1753, (Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018), donde se les pusieron términos claros: si a los dos meses de solicitada la instalación de la antena, la alcaldía no responde, se podrá proceder. Asimismo, si el POT no permite el despliegue, el mandatario local deberá promover su modificación ante el respectivo concejo municipal. Por último, en caso de que subsista alguna barrera, será la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) la que verifique si realmente existe. En esas condiciones, la norma ya facilitó que se destrabaran 400 solicitudes de antenas solo en Barranquilla.
“Si no instalamos más infraestructura, el más perjudicado es el usuario y no se podrá cumplir la meta del Gobierno de pasar de 10 millones de conexiones de banda ancha (2014) a 27 millones en 2018, de las cuales por cálculos propios estimamos 3 millones son usuarios fijos y otros 14 millones son nuevos usuarios móviles”, concluyó el presidente de Asomóvil.
