Incumplimientos reiterados y sistemáticos por parte del Gobierno esgrimen como argumento los pequeños mineros y los transportadores de carga por carretera, para realizar nuevas jornadas de paro indefinido a partir de esta semana.
Rubén Darío Gómez, secretario General de Conalminercol, dijo que el próximo miércoles se iniciará en el Bajo Cauca antioqueño, Chocó, Eje Cafetero y otras regiones un movimiento indefinido, para expresar el descontento de los mineros artesanales, informales o que están en proceso de legalización por la lentitud en los procesos que están a cargo del Estado.
“Desde el 2011 venimos firmando una serie de acuerdos con el Gobierno para que se iniciara un proceso de legalización serio y a cambio nos pidieron una georreferenciación, que solo ha servido para que se destruya la maquinaria”, anotó el dirigente.
Ante esta contingencia el secretario de Gobierno de Antioquia, Santiago Londoño, manifestó que las autoridades esperan que pueda llegarse a una solución que evite la realización de la protesta minera.
“Somos optimistas y ojalá se pueda lograr una solución antes del 18, y que con la viceministra de Minas, María Isabel Ulloa, y otras autoridades se pueda conjurar el paro. De todos modos estamos coordinando con la Policía un plan de contingencia”, añadió el funcionario.
Reclamo transportador
Los transportadores de carga por carretera afiliados a la ATC, la ACC, la ANT y la Confederación Colombiana de Transportadores también convocaron para el 23 de febrero una jornada de inmovilización.
Luis Orlando Ramírez, director Ejecutivo de la ATC, manifestó que la única reversa que tiene el llamado a paro es que el Gobierno plantee un plan de acción y de solución a las peticiones que desde hace tiempo se vienen haciendo.
Entre las demandas de los camioneros se cuentan el precio de los combustibles, reclamo que está en estudio desde hace casi seis años sin que se resuelva, así mismo los transportadores insisten en un mecanismo que regule las relaciones económicas con los generadores de carga, aspecto que no se ha podido ajustar luego que se eliminara la tabla de fletes.
Fabio Sanín Berger, director de Colfecar en Antioquia (gremio de las empresas transportadoras que no apoya el paro) reconoció que las demandas de los camioneros son válidas.
Para el dirigente además del alto costo de los combustibles que representa el 33,3 por ciento de la canasta del transporte y la precaria remuneración de los servicios, debe agregarse la sobreoferta vehicular y la proliferación de nuevas transportadoras que no cumplen los requisitos.
Por su parte Clarita María García Rúa, directora Ejecutiva de Defencarga (gremio de los generadores de carga que tampoco apoya el paro) también admitió que el sector está muy aporreado.
“Desde que se desmontó la tabla de fletes, el Gobierno se comprometió a reglamentar un régimen de libertad regulada y hasta el momento no lo ha hecho y en algunas rutas se están pagando valores de 2007 y 2008, mientras tenemos unos costos operativos en aumento”, precisó.
García añadió que hay preocupación porque no se ha implementado el nivel de vida útil en el sector de transporte de carga, “consideramos que como punto de partida debiera fijarse la vida útil en 20 años (así lo plantea el Conpes 3759 de 2013 y la Estrategia Colombiana de Desarrollo Bajo en Carbono), con un período razonable de transición, y la implementación de incentivos sociales, tipo Beps (beneficios económicos periódicos) para pequeños propietarios”.
A su turno la Federación de Empresas Transportadoras de Carga de Colombia (Fedetranscol) abogó por una mejora inmediata al proceso de chatarrización, que permita su ejecución acorde con las cifras propuestas por el Gobierno a 2018, es decir 17.600 vehículos chatarrizados y 1,1 billones de pesos invertidos.
4%
subió la canasta de costos del transporte en enero, según los empresarios.
Regístrate al newsletter