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Corría el 25 de enero de 1999 cuando un feroz movimiento telúrico sacudió sin compasión al departamento del Quindío. El suceso dejó 1.185 personas muertas, 8.536 heridas y 731 desparecidas. La capital, Armenia, fue la zona más afectada, con 921 personas muertas y sus edificaciones derruidas.
El lunes pasado, cuando la tierra volvió a rugir cerca de ahí, y con una fuerza aún mayor, Armenia salió ilesa. No registró víctima alguna ni la caída de infraestructuras. Dicha fortuna no la pudieron contar ciudades vecinas como Pereira, Cali, Quibdó, Manizales ni Buenaventura, que cuentan sus muertos en más de 200 y decenas de personas aún desaparecidas.
Si bien apenas han pasado un par de días desde la tragedia como para sacar conclusiones de por qué Armenia salió indemne, lo cierto es que algo tuvo que influir el proceso tan serio de reconstrucción que llevaron a cabo después del 99. Planes de desarrollo serios y la implementación masiva de tecnología sismorresistente ciertamente redujeron significativamente los efectos del reciente terremoto.
Armenia es una demostración hoy de la importancia de gobiernos tomando decisiones administrativas responsables durante 30 años. Los alcaldes, curadores urbanos, constructores y comités de licencias pueden hoy sentirse orgullosos del trabajo que hicieron para proteger su ciudad.
Cuesta, sin embargo, entender, cómo Pereira, que vivió muy de cerca la tragedia del 99, no tomara medidas similares. Ver el desplome del aeropuerto internacional de Matecaña, que ocasionó la muerte a tres personas y dejó varios heridos, es más que lamentable. En un aeropuerto que se gastó más de 90 mil millones de pesos en su reciente remodelación no debió haber pasado algo así.
Cierto es que un terremoto de la magnitud del que vivimos el lunes pasado va a dejar daños considerables, pero igualmente cierto es que la norma sismorresistente existe en Colombia desde 1984, y se actualizó en 1998 y en 2010. Si esta se cumpliera a carta cabal, ¿estaríamos lamentando tantos muertos y desaparecidos hoy?
Los desastres naturales no son responsabilidad de los gobiernos, pero la protección de la ciudadanía frente a los mismos sí. Ver cómo edificios enteros se caían en Cali, una de las principales ciudades de Colombia, no es culpa de la naturaleza. Es culpa de la codicia de gobiernos, autoridades y constructores irresponsables.
Como siempre, quienes padecen las consecuencias no son los corruptos, sino los ciudadanos. Hoy Francisco Lozano, gerente general del Dann Carlton en Cali, llorá la muerte de su esposa y de sus dos hijos, quienes murieron al derrumbarse su edificio. Hoy, José Fernando Patiño, se despide de su padre, también fallecido en los escombros. No es el terremoto. Fue la codicia de unos pocos.
Ojalá esta triste tragedia sirva como le sirvió a Armenia la del 99, porque el próximo terremoto ya tiene fecha, solo que no la sabemos. De un gobierno correcto y con la lupa encima depende qué tan preparados nos encontremos. En eso, Abelardo De La Espriella podría sentar un gran precedente, si opta por dejar el show mediático y de los falsos besos.
