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La frase “los ricos también lloran”, pronunciada por el ministro de Salud Guillermo Alfonso Jaramillo, no fue un desliz retórico ni una salida de mal gusto aislada. Fue algo más grave: la banalización del sufrimiento real de un hospital público que no tiene cómo pagar la nómina de sus trabajadores, muchos de los cuales, como el propio gerente lo señaló entre lágrimas: enfrentan dificultades elementales para comer. No se trataba de un lamento teatral ni de una queja privilegiada, sino de la expresión límite de una crisis financiera que asfixia a la red pública hospitalaria del país.
El contexto agrava la falta. Esa situación no es producto de una mala administración coyuntural del hospital, sino de la mora sistemática en los pagos por parte de EPS que hoy están intervenidas o bajo control del propio Gobierno nacional. La Contraloría General de la República ha sido categórica al señalar que las deudas de las EPS con la red pública superan los 16 billones de pesos. No es una cifra menor ni una discusión ideológica. Es una realidad fiscal documentada frente a la cual el ente de control ha hecho un llamado público para que el Gobierno cumpla con sus obligaciones y evite el colapso definitivo del sistema hospitalario.
Ante este escenario, la reacción del presidente Gustavo Petro tampoco contribuyó a esclarecer ni a resolver el problema. Señalar, sin soporte probatorio concreto, que el hospital estaba “tomado por la corrupción” y sugerir como salida la liquidación de las EPS, no solo traslada responsabilidades sin sustento, sino que evade la pregunta central: ¿cuál es el plan real para garantizar la continuidad de la atención y el flujo de recursos? Liquidar por liquidar, sin alternativas operativas claras, no es una política pública, es una vulgar consigna.
El sistema de salud colombiano atraviesa una crisis que ya no admite negaciones ni simplificaciones. Las organizaciones de pacientes lo vienen advirtiendo desde hace meses. La Corte Constitucional lo ha reconocido en autos recientes de seguimiento, señalando incumplimientos estructurales y un deterioro acelerado en el acceso a medicamentos y servicios. Diversos analistas coinciden en que no se veía una situación de esta magnitud desde la crisis del Seguro Social hace más de cincuenta años.
En este contexto, afirmar que “los ricos también lloran” no solo es imprudente. Es profundamente desconectado de la realidad. Quienes hoy lloran no son los ricos. Lloran los pacientes humildes que no reciben sus medicamentos. Lloran las madres que peregrinan por una cita que nunca llega. Lloran los trabajadores de hospitales públicos que sostienen el sistema sin salario, sin certeza y sin respaldo. Lloran los territorios donde la red pública es la única opción de atención.
La función del poder no es burlarse del dolor ni descalificar al mensajero. Es comprender la magnitud de la crisis, asumir responsabilidades y ofrecer soluciones viables. Cuando el lenguaje oficial pierde humanidad, lo que se erosiona no es solo la confianza institucional, sino la legitimidad misma del gobierno frente a quienes más necesitan del Estado. En salud, la indiferencia no es neutra. Se traduce en sufrimiento evitable y, en el peor de los casos, en vidas perdidas.
