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El Auto 2049 de diciembre de 2025 de la Corte Constitucional no es un documento más dentro del seguimiento al sistema de salud colombiano. Es, en rigor, un reproche institucional severo al actual Gobierno y, de manera directa al ministro de Salud por la persistencia al día de hoy en su conducta que bordea la burla abierta al juez constitucional.
La Sala Especial de Seguimiento es categórica: más del 80% de los mandatos judiciales continúan sin cumplirse luego de un año de solicitados. No fueron por fallas marginales ni rezagos administrativos menores; respondían a problemas graves ya conocidos como la insuficiencia financiera del sistema, la limitada disponibilidad de medicamentos, la inoportunidad de la atención y la pésima calidad de la información para la toma de decisiones.
Los indicadores que recoge el Auto son elocuentes al desnudar la distancia entre el discurso político y la realidad del sistema. Las tutelas en salud se dispararon con un incremento del 34% entre 2023 y 2024 y un nuevo récord en 2025 antes de cerrar el año. A ello se suman más de 622.000 quejas por medicamentos no entregados o suministrados de manera incompleta. Estos datos no reflejan un sistema en transición virtuosa, como lo quiere hacer ver el gobierno con su supuesto sistema preventivo en marcha, sino en franca regresión donde el acceso efectivo a servicios básicos depende cada vez más del litigio individual.
El aumento de la Unidad de Pago por Capitación que alega este Gobierno como prueba del compromiso con la sostenibilidad del sistema, es una narrativa que cuestiona la Corte al señalar que para 2023, 2024 y 2025 lo hizo sin demostrar su suficiencia real para cubrir el costo del Plan de Beneficios, lo que no es una solución técnica sino un artificio contable que profundiza la crisis.
En este contexto, la apertura del incidente de desacato contra el ministro de Salud no es un gesto simbólico ni un exceso judicial. Es la consecuencia lógica de un Ejecutivo que ha optado por la dilación, la retórica que raya en la mofa y la inane confrontación ideológica, en lugar de cumplir órdenes judiciales vinculantes.
La Corte pide de nuevo un plan de acción hasta hoy inexistente, exige un rol activo de la Superintendencia de Salud y compulsa copias a los órganos de control para que hagan lo propio frente a la insolencia del ministro. Este escalamiento institucional evidencia que el problema es ya de responsabilidad penal y disciplinaria, además de que persistir en el incumplimiento de una orden judicial erosiona el sistema de salud y debilita el Estado de derecho, máxime de quien está obligado a ser ejemplo.
Ignorar a la Corte Constitucional no es un acto de rebeldía política, es una forma de negligencia e indolencia que se traduce en sufrimiento evitable para miles de ciudadanos. Y frente a eso, el silencio, la excusa y el dogma ideológico no son una opción éticamente legítima.
