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Mientras Javier Milei se convierte en una figura globalmente reconocida por su cruzada en Argentina contra el gasto público y el déficit fiscal, sus vecinos en América Latina, mal acostumbrados, están sufriendo las consecuencias por hacer todo lo contrario. Y si hay un país que ilustra los peligros de una política fiscal expansiva sin disciplina, es Brasil.
La mayor economía de la región enfrenta una tormenta financiera y cambiaria producto del deterioro de sus cuentas públicas, una situación que amenaza no solo con poner en riesgo el crecimiento del país en los próximos años, sino también con desestabilizar el gobierno de Lula da Silva y la continuidad de su proyecto político.
Desde su regreso al poder en 2023, Lula ha desplegado una serie de medidas expansivas con el objetivo de estimular la economía y reducir la desigualdad. Sin embargo, este impulso fiscal ha sido sostenido mediante un fuerte endeudamiento y sin una estrategia clara para equilibrar las cuentas públicas. Como resultado, el déficit fiscal de Brasil se ha disparado hasta casi el 10% del PIB, el doble que al inicio de su tercer mandato.
A manera de comparación, en Colombia estamos preocupados porque las cifras entregadas el pasado viernes muestran que el déficit fiscal creció a 6,8% del PIB, no solo mucho más alto que lo que el mismo gobierno había proyectado (5,6%), sino que, según Fedesarrollo, es el tercero más alto en los últimos 120 años en la historia de Colombia. Y lo peor, dice este centro de pensamiento, que se incumplió la regla fiscal. El ministro de Hacienda, Diego Guevara, se anticipó a decir que sí se cumplió la regla fiscal. El debate está abierto.
Los mercados, que inicialmente dieron a Lula el beneficio de la duda tras su regreso al poder, especialmente por su pragmatismo en materia energética, han respondido con creciente desconfianza ante la percepción de que los excesos fiscales de Brasil son irreversibles. El real cerró 2024 como la moneda de peor desempeño a nivel global, perdiendo más del 20% de su valor frente al dólar en los últimos días del año: para ponerlo en contexto, sería equivalente a que el peso colombiano llegara a 5.100 pesos por dólar o más en cuestión de días.
El deterioro fiscal ya está afectando también la economía real del país. Aunque el PIB creció un 3% en 2024, este repunte se debió en gran parte a un gasto público insostenible. Es decir, el Estado está gastando a manos llenas para poder sostener un porcentaje de crecimiento, pero al final termina provocando un efecto contraproducente de deterioro de los indicadores macroeconómicos. Para 2025, el FMI proyecta una desaceleración cercana al 2%, sin descartar que la crisis fiscal pueda erosionar aún más estas expectativas.
La inflación también refleja las tensiones económicas: ha superado la meta del Banco Central y se sitúa en 4.9%, revirtiendo la tendencia a la baja que se observó a principios de 2023. Para contenerla, el Banco Central ha elevado las tasas de interés por encima del 12%, con previsiones de nuevos aumentos en 2025, encareciendo el crédito y frenando la inversión privada, generando un círculo vicioso de menor crecimiento y mayor presión fiscal.
Y en este complejo panorama interno, las presiones externas solo intensifican la tormenta: con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Brasil enfrenta la posibilidad de aranceles más altos en sus exportaciones, impactando sectores clave como la agroindustria y la energía. Como suele suceder en tiempos de crisis, todo lo que está mal siempre tiene margen para empeorar.
La grave situación económica de Brasil debería servir como un espejo para Colombia, una advertencia de lo que puede ocurrir si no se corrige el rumbo a tiempo.
El deterioro de la situación fiscal en nuestro país ya ha encendido alarmas en los mercados: desde 2020, el presupuesto ha crecido un 70% en términos nominales y un 20% en términos reales, lo que genera preocupación sobre su sostenibilidad. Hay una evidente tendencia al gasto público en el gobierno de Gustavo Petro. Un dato que refleja este nerviosismo es que, por primera vez desde el año 2003, las tasas hipotecarias están por debajo de los TES a 10 años, según un análisis de Felipe Campos de Alianza Valores. En otras palabras, los colombianos hoy pueden conseguir préstamos más baratos para comprar vivienda que lo que el gobierno logra para financiarse a largo plazo, lo que indica una creciente percepción de riesgo sobre la capacidad del Estado para pagar sus deudas.
Mientras el sector público ha sido el principal motor del crecimiento de la economía colombiana –un fenómeno similar al de Brasil–, la inversión privada sigue en descenso. Esto es preocupante, ya que el Estado está gastando en burocracia en lugar de invertir en proyectos que aumenten la productividad en el largo plazo. Según José Ignacio López, director de ANIF, el gasto del gobierno como porcentaje del PIB en Colombia ya supera al de todos los países de la OCDE, excepto Reino Unido y Austria, cuando estos tenían un ingreso per cápita similar al nuestro. Sin embargo, en lugar de frenar este crecimiento descontrolado del gasto, el gobierno de Petro insiste en expandir aún más el tamaño del Estado.
Lo que sucede en Brasil debe servirnos como advertencia. La confianza de los mercados es volátil y, de la noche a la mañana, Colombia podría pasar de ser un país con acceso a financiamiento a encontrarse con las puertas cerradas. Si esto ocurre, podríamos entrar en un círculo vicioso de devaluación, inflación y bajo crecimiento, cuyos efectos afectarían a todos, pero especialmente a los más vulnerables.
Recordemos que estamos estrenando nuevo ministro de Hacienda. Y este, a diferencia de los dos anteriores, se ha mostrado mucho más proclive a aumentar el gasto público. De manera que, si el ministro Guevara no toma conciencia de los ejemplos de Brasil, y la Argentina antes de Milei, el panorama de Colombia podría complicarse.
Es fundamental corregir el rumbo cuanto antes. Si este gobierno no está dispuesto a hacerlo, será tarea del próximo.