Pico y Placa Medellín
viernes
2 y 8
2 y 8
En los últimos años, el cargo de gobernador en Colombia ha venido perdiendo algo de relevancia política, sobre todo frente a las alcaldías de las grandes ciudades, entre otras razones por la estrechez fiscal que enfrentan las gobernaciones en comparación con muchas alcaldías y con el Gobierno Nacional.
El recaudo de impuestos, y en consecuencia el presupuesto, se ha concentrado progresivamente en la Casa de Nariño y en ciudades principales como Bogotá, Barranquilla o Medellín, generando un desbalance significativo frente a las gobernaciones de todos los departamentos, incluidos los más poblados como Antioquia, Valle del Cauca o Cundinamarca.
Entre 1990 y 2020, el Gobierno Nacional aumentó su participación en el gasto público, pasando del 10% al 23% del PIB, lo que muestra una creciente centralización presupuestal, según el Centro de Estudios Económicos Regionales del Banco de la República.
Mientras tanto, y aunque menos conocido, los municipios vieron aumentar su gasto público del 2% al 8% del PIB en el mismo periodo, impulsados por un mayor recaudo de impuestos como el ICA y el predial.
En contraste, los departamentos apenas lograron un incremento del 1% al 3%, reflejando un rezago histórico: los impuestos departamentales hoy representan menos de la mitad de lo que significaban hace un siglo como proporción del PIB.
Teniendo en cuenta este panorama, y al cumplirse un año desde que asumió como gobernador de Antioquia, se perfila como uno de los grandes legados de Andrés Julián Rendón su firme actitud frente al rezago en la capacidad fiscal y, en consecuencia, en el poder de ejecución y relevancia y poder de ejecución de los gobernadores en Colombia: Rendón ha logrado posicionar el tema de la descentralización fiscal en la agenda nacional, destacándose por enfocar sus principales actuaciones en cómo llevar más recursos y mayor capacidad de gestión hacia la Gobernación de Antioquia.
Uno de los episodios más emblemáticos fue, sin duda alguna, la iniciativa de la “vaca” para financiar el Túnel del Toyo. Aunque la colecta tuvo varios órdenes de magnitud lejos de alcanzar el objetivo inicial de recaudar un billón de pesos —reuniendo menos de 10.000 millones de pesos—, la propuesta logró mucho más que dinero: expuso la dependencia de los departamentos frente a las decisiones del Gobierno Nacional.
La polémica alrededor de la “vaca” y la insistencia del gobernador ante la necesidad imperante de hacer todo lo posible por evitar que el túnel del Toyo se convirtiera en un “elefante blanco”, escaló hasta el punto en que el Ministerio de Transporte, inicialmente reacio, cedió un contrato clave al Invías para garantizar el avance de las obras, dándole un nuevo aire a la posibilidad que esta obra, ahora bajo un mayor control de la gobernación, entre en operación pronto.
En un tono similar, la creación de la tasa de seguridad, una propuesta que generó tensiones tanto con el empresariado antioqueño como con su principal aliado político, el alcalde Federico Gutiérrez, pone en evidencia la determinación —o, para sus críticos, la terquedad— del gobernador para financiar sus planes. A pesar de las críticas, Rendón logró la aprobación del impuesto en la Asamblea Departamental, reflejando su convicción de que, si el Gobierno Nacional no asume plenamente sus responsabilidades frente al deterioro de la seguridad en el departamento, las autoridades locales no pueden quedarse de brazos cruzados, incluso si ello conlleva asumir costos políticos significativos.
En todos estos debates, Rendón no ha rehuido los enfrentamientos con el presidente Gustavo Petro, lo que ha definido su relación con la administración central como de oposición abierta.
En su discusión más reciente, mientras el gobierno de Petro, liderado por el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, promueve un modelo de descentralización enfocado en fortalecer las transferencias desde el Sistema General de Participaciones (SGP), Rendón defiende un enfoque más estructural: empoderar a las regiones para que recauden directamente impuestos como renta y patrimonio. Estas diferencias se materializan en la iniciativa más ambiciosa del gobernador: el referendo de descentralización, con el cual busca transformar el esquema fiscal del país, permitiendo a los departamentos recaudar y gestionar sus recursos con mayor autonomía. Si bien Rendón se ha puesto ahora al margen del proceso porque no está claro si la norma le permite promover el referendo, a nadie le queda duda de que él es el padre de la criatura.
Pero ese no es el único tema en el cual Rendón ha dejado huella en su primer año: también hay que destacar el recorte de burocracia que hizo al eliminar 16 de 33 secretarías, lo cual le permite un ahorro de 40% en la nómina. Y el segundo tema es el de la batalla contra el hambre, para la cual ha puesto en práctica varias estrategias, entre otras, la primera acción de su mandato que fue destinar el recaudo del impuesto vehicular a combatir este flagelo.
Más allá de los logros y las controversias, Andrés Julián Rendón finaliza su primer año como el gobernador con mayor popularidad del país entre aquellos medidos por Invamer, alcanzando una aprobación cercana al 70%. Su desempeño sugiere que, con determinación, el rol de gobernador tiene el potencial de recuperar su relevancia política en el panorama nacional.