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A mes y medio de que terminen las sesiones ordinarias del Congreso, y de que se venza el plazo para subsanar los errores con los que fue creado, el Ministerio de la Igualdad sigue siendo lo que ha sido desde su fundación: una promesa sin cuerpo, una burocracia sin resultados y un síntoma de cómo el gobierno de Gustavo Petro confunde el Estado con una herramienta de distribución política.
El proyecto que busca mantenerlo con vida lleva meses estancado en las comisiones primeras del Congreso, sin voluntad parlamentaria visible para sacarlo adelante. No es casualidad: los cuestionamientos a su gestión y la pobreza de sus resultados hablan por sí solos.
Este ministerio —el número 19— nació en junio de 2023 en la teoría para impulsar la equidad y favorecer a los colombianos más pobres. Pero detrás de esos buenos propósitos había otra razón: la necesidad política de asignarle un lugar en el gabinete a la vicepresidenta Francia Márquez. Ella quería el Departamento de Prosperidad Social, la entidad que reparte subsidios y tiene presencia real en el territorio. Petro, por razones que nunca explicó con claridad, prefirió gastar un dineral construyendo desde ceros toda una nueva cartera ministerial.
El resultado ha sido predecible. En menos de tres años, la entidad ha acumulado cuatro ministros, varios de ellos cuestionados por el propio presidente. Ha manejado 2,8 billones de pesos, de los cuales 2,1 billones fueron transferidos a un fondo paralelo sin que se conozcan los resultados. Su ejecución presupuestal —dato revelado recientemente por la candidata Paloma Valencia— llega apenas al 8,8%. Una parte se ha destinado a publicidad y a contratos para la realización de eventos.
Desde su creación, el ministerio fue un exceso burocrático. Su planta inicial rozaba los 800 funcionarios, con cinco viceministerios, 21 direcciones técnicas, ocho asesores y dos secretarios de despacho —una estructura que no tiene paralelo en ningún otro ministerio, ni siquiera en el de Hacienda o el del Interior—, todo ello con un presupuesto inicial de 1,3 billones de pesos. Sus funciones, además, se cruzaban con las de entidades ya existentes, como Prosperidad Social, lo que hacía aún más evidente que el propósito real no era programático sino político.
En mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible su creación por un vicio de procedimiento insubsanable: el gobierno nunca entregó el informe de impacto fiscal. La Corte le concedió un plazo de dos años –que se cumplen en julio– para corregir el error. Ese proyecto se radicó el año pasado, pero no ha tenido avances. Ante el tiempo que se agota, el gobierno habría solicitado una prórroga para retomarlo después del 20 de julio.
El desfile de ministros habla de una institución que no ha tenido norte. Francia Márquez renunció en febrero de 2025 con críticas abiertas al gobierno: le entregaron una entidad que era solo papel, dijo, y no se le podían exigir resultados. Tras ella llegó Carlos Rosero, cuya salida quedó marcada por una frase del propio presidente Petro en consejo de ministros —despectiva, racista— relacionada con el nombramiento de un actor de cine para adultos como viceministro.
Juan Carlos Florián no se posesionó como viceministro sino como ministro y reemplazó a Rosero. Intentó escandalizar, dijo que le gustaba que le dijeran ministra –aparentemente lo hizo para cubrir un requisito de ley de cuotas en el gabinete– y Petro le encomendó que promoviera una marcha de travestis y población transgénero en Medellín. Tampoco duró mucho en el ministerio y en su reemplazo se nombró al líder indígena Alfredo Acosta.
Por los pasillos de Minigualdad también pasó Juliana Guerrero, que ahora es la persona más cercana del gobierno al presidente Petro, señalada de presentar títulos universitarios falsos, quien no pudo posesionarse como viceministra tras las denuncias en su contra.
Una cartera que en tres años no pudo definir su razón de ser, que gastó billones sin resultados verificables y que sirvió de plataforma para deplorables episodios tal vez no merece ser salvada. Las labores sociales que en teoría debía cumplir pueden —y deben— ser absorbidas por entidades con experiencia real en programas sociales.
Colombia no necesita ministerios que existen para resolver problemas internos del gobierno. Necesita instituciones que resuelvan problemas de los ciudadanos. Esa distinción, que debería ser elemental, es la que este ministerio nunca comprendió. .