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Una de las más importantes noticias judiciales de los últimos tiempos la dio la Corte Suprema de Justicia al ratificar la condena contra Epa Colombia, a la que se suele denominar “influencer” porque se dedica a crear escándalos para ganar seguidores en sus redes sociales y así vende productos con la promesa comercial de que convierte a sus seguidores en clientes.
Todos recordamos las imágenes de Epa Colombia con martillo en mano quebrando vidrios e instrumentos del sistema de buses de Transmilenio en Bogotá durante el llamado “estallido social”. Con una falta absoluta de consideración Epa se grabó a sí misma destruyendo los bienes que les sirven a todos y difundió el video para conseguir más “me gusta”.
La Corte Suprema ordenó ayer la captura de Daneidy Barrera Rojas, su nombre de pila, y confirmó la condena de cinco años de prisión por perturbación en servicio público, daño en bien ajeno e instigación a delinquir con fines terroristas.
¿El vandalismo en las protestas públicas es condenable o no? Ha sido la polémica durante los últimos cinco años y la respuesta que da la Corte es sí. Al menos en el caso de Barrera, quien al ser una persona con “influencia” en el comportamiento de otros fue castigada con severidad.
Los colombianos todavía tenemos frescas en la memoria las imágenes de horror cuando cientos de vándalos salieron a destruir todo a su paso: en Bogotá incendiaron CAIs con policías adentro, a lo largo y ancho del país quemaron peajes y en Cali la ciudadanía se recluyó en sus casas atemorizada por la violencia y los disturbios. En ese momento convencieron al país de que se trataba estrictamente de reivindicaciones sociales. Pero, más allá de que en Colombia hay necesidades sin resolver, con el paso del tiempo se ha venido descubriendo que detrás de la protesta y del estallido había una estrategia electoral articulada por sectores de izquierda, del petrismo y de sindicatos.
A la luz de la condena a Daneidy, ¿qué puede pasar con los responsables de todos estos destrozos? ¿Qué impacto puede tener, por ejemplo, en los miembros de la Primera Línea?
No es casual que desde su discurso de posesión, el presidente Gustavo Petro pidió y prometió sacarlos de la cárcel. Pero no le ha quedado fácil. Primero intentó nombrarlos gestores de paz, luego intentó indultarlos con una ley en el Congreso, pero nada le ha funcionando del todo. Y no le ayuda mucho este fallo de la Corte Suprema que deja claro que el vandalismo del “estallido social” puede ser considerado delito.
Curiosamente el fallo se da la misma semana en que Fabio Arias, presidente de la CUT, la central de trabajadores más grande del país, amenazó con que “si no nos dejan otra opción (si no se aprueba la reforma laboral), yo convocaré nuevamente al estallido social”.
No es de extrañar que Arias recurra a este tipo de amenazas si el presidente Gustavo Petro, para distraer ante la pobre gestión de su gobierno, suele llamar al pueblo a que se tomen las calles, habla de un golpe blando o les pide a los adultos mayores que salgan a protestar si la Corte Constitucional tumba la reforma pensional.
El presidente de esta central obrera parece desconocer que más del 90% de los empresarios de Colombia son pequeñas y medianas empresas que se levantan con la incertidumbre de sí van a lograrlo al final del día, en medio de más impuestos que deben pagar por la reforma tributaria del 2022 o del incremento del 11% en el salario mínimo. Arias tampoco tiene en cuenta a 58% de colombianos que trabajan en la informalidad, para quienes va a ser más difícil conseguir un empleo si se aprueba la reforma laboral que él defiende al punto de invitar incendiar de nuevo el país.
Nadie niega el legítimo derecho a la protesta, pero por fortuna cada vez el país está aprendiendo que más que la genuina defensa de grandes colectivos algunos solo buscan cómo satisfacer el pedacito de poder de unos cuantos. Ya la gente poco le marcha a Petro. El Gobierno ahora se escuda en fechas como el primero de mayo o convoca en recintos cerrados y se apalanca en el bolsillo del Estado para llenar las gradas.
La decisión de la Corte Suprema en el caso de Epa Colombia servirá, ojalá, para que muchos agitadores profesionales queden notificados que no se vale destruir los bienes públicos ni incitar a la violencia.
Bien le dijo la directora de Fenalco Antioquia, María José Bernal, a Wilson Arias que lo invita “a que monte empresa y apueste todo su capital en ese sueño; trabaje de sol a sol y le toque pagarse de último, le entregue gran parte de lo que logra de utilidad al Estado, tenga todas las de perder ante cualquier demanda, le digan explotador, le quemen camiones con mercancía, lo extorsionen, se afecte su salud con tanta angustia y decida de todos modos apostarle al país”.
En vez de protestar y de estallar lo que necesita Colombia es que todos nos unamos a construir.