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Los gobiernos suelen organizar demostraciones públicas de respaldo político, sin embargo, cuando estas se mezclan con programas financiados con recursos de la salud y se realizan en vísperas de elecciones, las preguntas sobre su verdadero propósito se vuelven inevitables.
En ese contexto, el acto convocado el jueves 26 de febrero en la Plaza de Bolívar de Bogotá por el presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, para el cual hicieron desplazar desde las regiones a decenas de miles de funcionarios de los llamados Equipos Básicos de Salud merece una reflexión más profunda.
No es un dato menor que la convocatoria se haya realizado quince días antes de las elecciones del 8 de marzo. Allí, en la Plaza de Bolívar, el ministro Jaramillo les dijo directamente a los asistentes que debían votar en las próximas elecciones para mantener el programa de Equipos Básicos. Palabras más palabras menos: tienen que votar para conservar sus puestos de trabajo.
Pero no es solo eso. El portal La Silla Vacía hizo una radiografía del programa de Equipos Básicos de Salud, que tanto hemos cuestionado en estas páginas, y encontró que la advertencia se hizo realidad: el gobierno de Gustavo Petro ha decidido entregar a operadores políticos regionales recursos de la salud.
El cambio no es menor. Ese sistema que conocimos durante más de 30 años, basado en el aseguramiento de las EPS, con todos sus problemas, había demostrado sin duda ser el mejor remedio que ha tenido la salud del país en su historia. Pero como se trata de una alianza del Estado con privados, Petro ha decidido desmontarla.
Ya sabemos en qué termina eso. La Procuraduría acaba de suspender a los interventores de dos EPS —Savia Salud y Servicio Occidental de Salud— tras concluir que varios indicadores empeoraron luego de la intervención del Gobierno.
Los hallazgos de La Silla Vacía resultan especialmente reveladores. El portal puso la lupa en el Líbano, Tolima, tierra natal del ministro Guillermo Jaramillo, y encontró que el hospital regional ha recibido más de 14.600 millones de pesos para financiar Equipos Básicos de Salud.
El hospital lleva el nombre del padre del ministro —Alfonso Jaramillo— y está intervenido por la Superintendencia de Salud, en donde ocupa un alto cargo la esposa del ministro. A esto se suma un hecho simbólicamente significativo: hace tres meses fue instalado un busto en homenaje al padre del ministro en ese mismo hospital. Todo queda en familia.
La pregunta resulta inevitable. En un sistema que enfrenta carencias estructurales, ¿era esa la prioridad? ¿No habría sido más urgente destinar esos recursos a garantizar tratamientos para pacientes que los necesitan con urgencia, como el caso del niño Kevin Acosta, quien murió por falta de un medicamento?
En el mismo municipio funciona además una fundación que lleva también el nombre del padre del ministro y que ha sido utilizada para eventos proselitistas en los que participan contratistas de los Equipos Básicos de Salud. En la fachada de la Fundación Alfonso Jaramillo se aprecia una fotografía del ministro con su familia y, al lado, afiches de candidatos al Congreso, entre ellos Marco Emilio Hincapié, aspirante a la Cámara por el Pacto Histórico y contratado como coordinador de los Equipos Básicos de Salud en 2024.
Y no es un hecho aislado. La investigación identificó al menos doce políticos regionales contratados como enlaces del programa EBS, algunos excandidatos del Pacto Histórico derrotados en elecciones y sin experiencia comprobada en el sector salud.
El esquema recuerda el mismo programa que aplicó Petro como alcalde de Bogotá, en donde las cuadrillas de salud que iban a los hogares tenían como una de sus tareas distribuir el periódico “Bogotá Humana” con propaganda de su Alcaldía. En ese entonces, como ahora, no existieron sistemas de medición claros sobre su efectividad.
El impacto real de los Equipos Básicos de Salud en los indicadores de salud pública sigue siendo incierto. El propio Ministerio reconoce que no existe una medición unificada en los territorios.
Estamos en manos de las cifras que suele dar el presidente Petro que, como se ha demostrado, no necesariamente son ciertas. Escribió, por ejemplo, que los Equipos Básicos de Salud “lograron que la epidemia de la fiebre amarilla se detuviera”. Sin embargo, los datos del Instituto Nacional de Salud cuentan otra historia. Mientras entre 2010 y 2023 murieron 6 personas por fiebre amarilla en Colombia, en 2025 se confirmaron 125 casos con 50 fallecidos, y en los dos primeros meses de este año ya van 25 casos con 14 muertes.
Las inconsistencias aparecen también en los reportes oficiales del programa. La plataforma institucional indica que se han visitado 9 millones de hogares, pero reporta solo 6,1 millones de personas atendidas.
Alguno podrá pensar que las presuntas irregularidades se pueden investigar y el Ministro tendrá que responder. Pero tal vez no va a ser tan fácil. Guillermo Alfonso es el ministro; su esposa, Beatriz Gómez Consuegra, ocupa un cargo directivo en la Superintendencia; el hijo de ella, Sebastián Laverde Gómez, trabaja en la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres); y Omar Jaramillo, hermano del ministro, tiene contrato en la Contraloría General. La concentración de funciones en la familia Jaramillo despierta dudas sobre la independencia de los controles.
Y mientras tanto Kevin Acosta, el niño de siete años, oriundo del Huila, no tuvo quien lo atendiera.
No es el único. Minsalud reportó 536 fallecimientos por enfermedades huérfanas en 2025. Aunque ahora, según denunció la periodista Paula Bolívar, sólo figuran 60. ¿Hasta los muertos están desapareciendo?