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México debería estar prosperando. Con la ventaja geográfica de ser vecino de la mayor economía del mundo, con un tratado de libre comercio vigente que lo convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, y con la oportunidad histórica del nearshoring –la reconfiguración de cadenas de suministro que, ante las tensiones entre Washington y Pekín, prometía trasladar fábricas enteras al norte de América Latina–, el país tenía las condiciones para dar un salto en su desarrollo económico. No ha sido así.
La economía mexicana creció menos del 1% en 2025, la cifra más baja desde la pandemia y la culminación de una desaceleración que lleva ya varios años: el promedio anual de crecimiento durante los gobiernos de Morena –primero con Andrés Manuel López Obrador y ahora con Claudia Sheinbaum– ha sido también inferior al 1%. Y la inversión, el motor que debería estar encendido para capitalizar las oportunidades del momento, se desplomó 7% en 2025.
Todo esto en un país donde las exportaciones crecieron 8% y la inversión extranjera directa aumentó 11% en el mismo año. Es decir, el problema no es el mundo: es México. Y las causas son esencialmente autoinfligidas.
Desde 2018, los gobiernos de Morena han emprendido una transformación constitucional que ha generado un ambiente de profunda inseguridad jurídica. La más emblemática es la reforma judicial que obliga a elegir a todos los jueces por voto popular –un retroceso para su democracia que, como señaló la OCDE en su informe de 2026, no tiene precedente en ningún otro país del mundo–. El resultado ya se siente: empresas que operan en México están evitando acudir a los tribunales, optando por arbitraje o mediación ante jueces inexpertos y fallos que analistas describen como erráticos. A esto se suma la eliminación de órganos reguladores autónomos –entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia– y su absorción por dependencias del Ejecutivo, concentrando poder y reduciendo la rendición de cuentas.
En el sector eléctrico, la apuesta por el control estatal de la Comisión Federal de Electricidad ha generado una crisis de suministro. Los apagones se han vuelto recurrentes en varias regiones del país, mientras que la inversión en el sector acumula dos años consecutivos de recortes, justo cuando se observa una demanda creciente: México decidió ahuyentar la inversión privada de un sector que anda en bonanza en casi todo el mundo –impulsado por los avances en energías renovables y, en el caso mexicano, por la posibilidad de importar gas barato de Estados Unidos–, pero ha demostrado no tener la capacidad desde el Estado para suplir esa inversión y cerrar la brecha entre la infraestructura que tiene y la que necesita.
La seguridad, mientras tanto, sigue siendo un lastre enorme. La extorsión alcanzó cifras récord en 2025 y la percepción de inseguridad subió a más del 60% de la población urbana. El caos tras el abatimiento de “El Mencho” dejó ver al mundo el frágil equilibrio de una política de no confrontación con los grupos criminales que, lejos de pacificarlos, les permitió expandirse y consolidar su control territorial.
Todo bajo un discurso de “soberanía” y “profundizar la democracia” que, en la práctica, ha servido para debilitar contrapesos institucionales y concentrar poder en el Ejecutivo, mientras la economía se estanca y el déficit fiscal alcanza máximos históricos.
¿Por qué debería preocupar todo esto en Colombia? Porque el modelo es inquietantemente familiar.
El gobierno de Gustavo Petro ha transitado un camino paralelo: un crecimiento mediocre –5% acumulado en tres años, el peor registro del siglo–, una inversión desplomada al 16% del PIB –mínimo de medio siglo– y un crecimiento sostenido artificialmente por el gasto público que ha llevado al país a uno de los mayores déficits fiscales de su historia, sin que medie una crisis que lo justifique. La declaración de emergencia económica para decretar impuestos sin pasar por el Congreso, la asfixia a alianzas público-privadas exitosas como Colfuturo o el sistema de salud, los intentos de intervenir el sector eléctrico, los ataques constantes a las Altas Cortes y al Banco de la República, la congelación populista de peajes –todo responde a la misma lógica: ahogar lo privado y reemplazarlo por un estatismo que, como muestra México, produce estancamiento, inseguridad jurídica y deterioro institucional.
México es la prueba en tiempo real de a dónde conduce ese camino. Un país con ventajas comparativas enormes que, por decisiones ideológicas de sus gobernantes, está condenado a crecer por debajo de su potencial, a perder inversión y a ver cómo su promesa de prosperidad se diluye entre reformas que concentran poder y debilitan las reglas del juego.
Colombia no tiene que mirar lejos para encontrar la advertencia. Y quizás el espejo no sea solo Venezuela –cuyo desenlace ya es extremo– sino México: un país que, sin colapsar, se va apagando. Lo que está en juego en 2026 no es solo quién gobierna, sino si el país elige seguir por ese camino o corregir el rumbo antes de que el daño se vuelva estructural. .