Pico y Placa Medellín
viernes
3 y 4
3 y 4
Esta es una historia que se repite. El presidente de la república, Gustavo Petro, cada año debe decidir el presupuesto que se va a gastar el país al año siguiente, y una y otra vez incurre en el mismo error: propone que nos gastemos más de la plata con la que contamos. Es decir que él suma todo lo que debe entrarle al país por todo tipo de impuestos y en general ingresos y a pesar de que le da una cifra menor, decide pedirle al Congreso gastar más.
El resultado entonces es el mismo: propone una reforma tributaria, que el Legislativo no le aprueba, y al final recurre a endeudar al país y en últimas a recortar presupuesto a todo tipo de dependencias. Con lo cual, si existiera algún concepto de Planeación, queda completamente desvirtuado.
Con el agravante de que el gobierno Petro ha demostrado no ser el más eficiente a la hora de invertir los recursos públicos, de manera que pide el mayor monto de recursos en la historia del país para terminar despilfarrando, en la medida en que no tiene logros que se correspondan con el tamaño de la inversión: lo que está viviendo Colombia en problemas de seguridad y salud son prueba de ello.
Así quedó claro la semana pasada en las comisiones económicas de Cámara y Senado, que comenzaron a discutir el presupuesto de la Nación para el 2026. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, se estrenó en este escenario en el que dijo que “no ha habido un exceso de gasto del Gobierno sino, por el contrario, un prudente gasto”, al tiempo que siguió con su espejo retrovisor, echándole toda la culpa al gobierno Duque por la nueva carga que se avecina.
Es increíble que, a estas alturas del partido, cuando el gobierno de izquierda lleva tres años en el poder, continúe responsabilizando a Duque y a las medidas tomadas durante la pandemia de los graves problemas que afrontan las finanzas públicas. El Gobierno responsabiliza a Duque por los millonarios subsidios a la gasolina, a la energía y los préstamos adquiridos para enfrentar la pandemia.
Pero Petro no habla de que ha contado con los mayores presupuestos en la historia del país, que la deuda pública llegó a niveles récord, que el Congreso le aprobó una mega reforma tributaria a finales de 2022, que ha cobrado por anticipado la retención en la fuente y que ahora anuncia otro paquete mayor de impuestos, por 26,3 billones de pesos para tratar de tapar los huecos que va dejando con sus anuncios populistas y sus promesas fallidas.
Las cifras del presupuesto para el 2026 reflejan para dónde se están yendo la mayoría de los recursos. Para empezar, hay que decir, que por ningún lado se ven anuncios de austeridad ni de recorte de gastos. El presupuesto del año entrante ascenderá a $557 billones, es decir, un aumento de 9% frente al que debía ejecutarse este 2025 por $511 billones. El incremento es el doble de la inflación prevista para el 2025.
De esos billonarios recursos, las mayores partidas se destinarán al pago de la deuda, con $102 billones; $88 billones en transferencias para las regiones; $87 billones para el pago de pensiones y $66,7 billones para gastos de personal, entre los que están los salarios de las Fuerzas Militares y de Policía, la Fiscalía y la Rama Judicial, entre otros. En estos gastos fijos se van $343,7 billones de pesos: quedan más de $210 billones para lo demás.
Los gastos de personal, el rubro que incluye la inmensa burocracia estatal, aumentarán cerca del 50% en los cuatro años del gobierno de Petro, un crecimiento alarmante debido a los mayores pagos a la Fuerza Pública, al mayor aumento en el salario mínimo y a las mayores contrataciones en las entidades del Estado. Si el Gobierno fuera responsable debería comenzar por un fuerte ajuste en este rubro. Este ritmo de gastos no es sostenible.
Y mientras tanto, la inversión es la más sacrificada en este gobierno, un rubro clave para fomentar el crecimiento económico, para reducir las brechas de desigualdad y mejorar la calidad de vida de los colombianos. Para 2026 se destinarán $88 billones. Si el Congreso presiona por un ajuste, es posible que el Gobierno se decante por este rubro y que decida frenar las vigencias futuras para las concesiones viales y los proyectos de infraestructura, en lugar de recortar la burocracia o entidades como el Ministerio de la Igualdad, al que privilegiarán con mayores recursos a pesar de sus pobres resultados.
La discusión que se avecina será candente y no se ve fácil que el Congreso le apruebe el monto del presupuesto al Gobierno. La verdad sobre el nuevo ‘mazazo’ tributario se conocerá en los próximos días cuando el ministro radique la nueva reforma tributaria. Pero desde ya el Gobierno debería tener claro, como lo han dicho centros de pensamiento, expertos y el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, que sin un recorte en los gastos y un plan de austeridad no debe esperar el apoyo del parlamento.