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Comenzando el 2025 no solo fue noticia el exagerado número de accidentes en las principales vías del país, sino los graves problemas financieros que aquejan a las carreteras, las demandas de los concesionarios y el aumento del costo de los peajes.
Todo comenzó cuando el gobierno de Gustavo Petro, con Guillermo Reyes como ministro de Transporte a la cabeza, tomó la equivocada decisión de congelar la tarifa de los peajes, sin tener en cuenta que existían unos contratos con las concesionarias que se debían cumplir y eso ocasionó un gran enredo del que todavía ni el gobierno ni el país ha podido salir.
Esa idea desde el principio era inviable y respondía a un capricho más del presidente Gustavo Petro, que desde que llegó al poder demostró creer que como presidente podría estar por encima de las normas o de los contratos ya firmados. Su palabra la consideraba (o considera) casi sagrada, razón por la cual a los ministros que no le hacen caso los echa y los que sí le hacen caso, como el ministro Reyes, o como el canciller Leyva con los pasaportes, meten al país en problemas. El gobierno tuvo que descongelar los peajes ante los reclamos de los concesionarios que exigían que les cumplieran el contrato y no aceptaban el cambio en las reglas de juego. Además de la advertencia de la Contraloría de que la deuda por este concepto ascendía a un billón de pesos con 38 concesiones.
Ahora, el Gobierno se está tratando de poner al día, con alzas más frecuentes en los peajes que no han sido bien recibidas por los millones de usuarios de las vías. Para desatrasarse el Gobierno ha tenido que recurrir a verdaderas cabriolas matemáticas: en 2024 hizo dos incrementos, el primero fue de 13,12% equivalente a la inflación de 2022, es decir, para desatrasarse del incremento que no hizo en 2023. Y el segundo fue de 4,64% correspondiente al 50% de la inflación del 2023 que fue de 9,28%, más un cobro adicional de 2% para el Fondo de Seguridad Vial.
Y como quedó debiendo el alza de la mitad de la inflación de 2023, para este 2025 se definieron tres alzas: 2,78% a partir del primero de enero correspondiente a una parte de la inflación del 2023; 5,2% que se hizo efectiva el pasado 16 de enero, por el total de la inflación del 2024 y 1,85% que regirá desde el primero de abril por lo que faltó por cobrar de la inflación del 2023. Es decir, el gobierno del cambio aumentará los peajes en 27,6% en tan solo año y medio.
A ello se suma que hubo otro aumento de tarifas en ocho peajes, de hasta más del 50% porque así quedó pactado en los contratos. Dos de ellos en Antioquia, el de Cisneros, y el de la Autopista al Mar, en el noroccidente; y dos en Cundinamarca, la Transversal del Sisga–Machetá y Fusca, Chía, Los Andes y Unisabana en la Autopista Norte de Bogotá. El gobierno instaló una mesa de negociación y congeló entre cuatro y seis meses dichas alzas. Es decir, en el segundo semestre de este año se estarían haciendo efectivas.
El cobro de los peajes se ha venido extendiendo en todo el país tras las asociaciones público-privadas (APP) que pusieron en marcha todo tipo de concesiones en los últimos 30 años. Actualmente hay cerca de 180 casetas de las cuales 31 son administradas por Invías, 120 corresponden a los que opera la ANI a través de las concesiones y 27 a los municipios y departamentos. Gracias al modelo de concesión Colombia dio un gran salto en infraestructura vial ya que de una red de 10.200 kilómetros de carreteras, 7.700 kilómetros se construyeron mediante estas APP.
Sin embargo, los peajes son apenas uno de los ingredientes del cóctel que está caldeando la temperatura en las carreteras del país. El transporte de carga por carretera, que ha vuelto costumbre la amenaza de paros y bloqueos, ha visto un incremento en sus costos no solo por el alza de peajes sino del diésel o ACPM, que hoy está en 10.725 pesos, por debajo de los 16.000 pesos del galón de gasolina. Otra papa caliente son las más de 30 demandas de 25 concesionarios contra el Estado por los desequilibrios económicos relacionados con los contratos firmados en 2014, en el gobierno Santos. Los concesionarios están exigiendo a la ANI compensaciones por el no cobro de peajes, sobrecostos en obras que no estaban contempladas, afectación de vías por problemas climáticos, entre otros, procesos que están en tribunales de arbitramento. Y, como si fuera poco, la Cámara Colombiana de la Infraestructura advirtió que el Invías adeuda cerca de un billón de pesos a firmas medianas y pequeñas de consultoría, de construcción de vías y de interventoría, lo que se podría traducir en retrasos de varias obras públicas. Los chicharrones en las carreteras son varios y requieren pronta solución. Como hemos visto en otros sectores del país, una decisión mal tomada puede dar al traste con años de construcción de un proyecto de progreso y de país.