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Polémica por ascenso de cinco oficiales
La Comisión Segunda del Senado colombiano aprobó este jueves la propuesta del Gobierno de ascender al rango de general a cinco oficiales militares sobre los cuales existen sospechas de violaciones a los derechos humanos, confirmaron fuentes parlamentarias.
Se trata de los brigadieres generales Nicacio de Jesús Martínez Espinel, Jorge Alberto Eduardo Segura Manonegra, Emilio Enrique Torres Ariza y Gabriel Hernando Pinilla Franco, a los que se une el coronel Raúl Antonio Rodríguez Arevalo, cuya petición de ascenso a generales se presentó junto con otros 29 militares.
La polémica surge porque se les acusa de ejecuciones extrajudiciales y homicidio agravado ocurridos en las zonas en las que operaron batallones para su mando, pero también porque, denunciaron los legisladores, sus historiales no se entregaron siguiendo los tiempos que establece el Senado.
El senador del partido Polo Democrático Alternativo (PDA) Iván Cepeda, explicó que emitió su voto negativo al ascenso de los cinco oficiales por estas sospechas, que pudo comprobar, aseguró, gracias a investigaciones que realizó por su cuenta.
Además, dijo que “la experiencia demuestra que por la forma en que se realizan los ascensos, se han tomado decisiones a la ligera que han tenido graves consecuencias” y apuntó que “se requiere un examen a fondo de este procedimiento que brinde transparencia y rigurosidad”.
Sus argumentos fueron respondidos por la senadora Thania Vega, del Centro Democrático, que consideró que oponerse a la promoción por estas acusaciones “es ir contra el derecho al buen nombre” de estos militares.
“Él (Cepeda) habla de que no se trata de violar el principio de presunción de inocencia. Entonces ¿qué es lo que está haciendo? ¡Está violando ese principio!”, expuso Vega en un acalorado debate.
La senadora está casada con el coronel retirado del Ejército Alfonso Plazas Vega, encarcelado por desaparición durante la operación militar de retoma del Palacio de Justicia, tomado por asalto por la desaparecida guerrilla del M-19 en noviembre de 1985.
El ascenso de los oficiales deberá ser ratificado por el pleno del Senado “en unas dos semanas”, indicaron fuentes parlamentarias, que consideraron muy improbable que la promoción pueda frenarse.
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