El senador del Polo Democrático Alternativo, Iván Cepeda, informó el pasado lunes que la Procuraduría le formuló pliego de cargos por presuntamente comprar testigos para un debate de control político en el Senado al expresidente y hoy senador, Álvaro Uribe.
“El debate que yo le hice (en septiembre del 2014) no me lo va a perdonar el señor Procurador (Alejandro Ordóñez) y por supuesto eso lo van a maquillar con que yo andaba con una chequera por las cárceles del país”, dijo el parlamentario.
El Ministerio Público informó este lunes que investiga si el congresista “se extralimitó en sus funciones o cometió abuso de autoridad y fraude procesal al presuntamente solicitar testimonios de paramilitares detenidos en contra del expresidente Uribe y ofrecer beneficios a cambio de ello”, afirmó la Procuraduría en un comunicado.
“Previo a la formulación del pliego de cargos, la Procuraduría atendió reiteradas recusaciones y peticiones de pruebas, practicando cerca de 15 testimonios, 7 visitas especiales y solicitando documentación a diferentes entidades del Estado. Igualmente escuchó al disciplinado en versión libre y espontánea”, indicó el órgano de control en la misiva.
Según la investigación de la Procuraduría, el 26 de julio de 2012 y el 30 de mayo de 2013 y prevalido de la autorización del Congreso de la República para visitar las cárceles del país, el entonces representante a la Cámara se habría reunido con Ramiro de Jesús Henao Aguilar, alias “Simón”, y Gabriel Muñoz Ramírez, alias “Castañeda”, detenidos exintegrantes del Bloque Metro de las Autodefensas, para solicitarles que declararan en contra del expresidente Uribe.
Dicha petición presuntamente incluía que los reclusos en la cárcel de Itagüí (Antioquia) expusieran hechos que no les constaban y el que sus versiones serían preparadas por el congresista Cepeda Castro.
A cambio, según el pliego de cargos, el entonces representante a la Cámara posiblemente habría ofrecido a los detenidos beneficios tales como recompensas en dinero, cambios en sus sitios de reclusión y ubicación en el exterior a miembros de sus familias, afirmó la Procuraduría.
Por posiblemente estar incurso en una extralimitación de funciones, la Procuraduría calificó la presunta falta disciplinaria del senador Iván Cepeda Castro como grave, a título de dolo, conforme a lo establecido en la Ley 734 de 2002, por medio de la cual se expidió el Código Disciplinario Único.
Cepeda fue el promotor del debate en el que acusó a Uribe de supuestos vínculos con paramilitares y narcotraficantes cuando fue Gobernador de Antioquia, entre 1995 y 1997, y durante su etapa como director de la Aeronáutica Civil, entre 1981 y 1982.
El senador dijo que todavía no conoce el escrito de la Procuraduría y que lo que sabe es que su abogado, Ramiro Bejarano, fue notificado del pliego de cargos (acusación), pero que entrará a estudiarlo junto con sus asesores jurídicos para “tomar decisiones”.
Sin embargo, Cepeda insistió en que el “trasfondo de todo está el debate a Uribe” a lo que se le agrega “mi trabajo por el proceso de paz” que es un asunto que indirectamente tiene el la mira en procurador Ordóñez.
Cepeda, copresidente de la Comisión de paz del Senado, apoya el proceso de paz del Gobierno y las Farc en Cuba que comenzó en noviembre de 2012, en tanto que Ordóñez ha sido un constante crítico de esa iniciativa del presidente, Juan Manuel Santos.
Para el senador la posibilidad de que el Procurador “no hay ninguna posibilidad de que (Ordóñez) desarrolle un proceso disciplinario en mi contra con un mínimo de garantías, de objetividad e imparcialidad”.
Al explicar su situación frente a la Procuraduría, Cepeda señaló que “hay un pliego de cargos, es decir ya estoy formalmente acusado” y que luego vendrán otras etapas en las que él se defenderá.
E Ministerio Público tomó la decisión a raíz de la denuncia que radicó en su momento el expresidente Uribe contra el congresista por supuestamente haber visitado cárceles y ofrecido prebendas a exparamilitares para que estos declararan en su contra.
Cepeda señaló por último que lo que “no puede suceder en un país que se supone democrático es que alguien haga un debate en el Congreso y termine siendo objeto de destitución”.