Como consecuencia de la errónea creencia de los gobiernos de que un licenciamiento ambiental se gana a partir de la aceleración de los trámites de su expedición, hoy día el ejercicio de la autoridad ambiental ha desaparecido, y se convirtió en un tramitador más de requisitos para la operación de proyectos de desarrollo. Con la gravedad que los retos, políticas, conflictos y necesidades socio-económicas y ambientales actuales por resolver, no importarán.
La falta de confianza en la autoridad ambiental ha llegado a su límite, y hoy día las comunidades asentadas en los sitios de interés no se sienten representadas por el Estado, y peor aún, la falta de legitimidad en sus conceptos, ha hecho que el licenciamiento ambiental deje de ser una prioridad para el Ministerio de Ambiente, para darle paso a un nuevo concepto llamado "licenciamiento social", como el mayor reto del próximo gobierno.
Es urgente recuperar, obtener y mantener el apoyo de la gente que vive y trabaja en el área de influencia de todo proyecto, es decir, tener la "Licencia Social" para operar, pero lo es más la recuperación de este apoyo de todos los colombianos.
Entiendo el concepto de "licenciamiento social" como el proceso por medio del cual se logra la aceptación o aprobación de los grupos de interés de la construcción y operación de un proyecto. Esta aprobación es intangible, y radica en el conocimiento en campo de todos los actores locales, y en el entendimiento de sus creencias, percepciones y opiniones acerca del proyecto.
Según On Common Ground Consultants Inc, la "Licencia Social" es "otorgada" por la misma comunidad, la cual, por supuesto, debe ser bien ganada y mantenida. Jurídicamente, en Colombia solamente las autoridades son las que pueden otorgar una licencia de este tipo, razón por la cual, el término no es aceptado en el proceso formal actual de licenciamiento ambiental del país, que para la sociedad civil representa su viabilidad para poder, no solamente construir y operar los proyectos, sino para crear el escenario ideal de relaciones dinámicas y continuas entre los gobiernos nacional y local, grupos de interés y compañías.
De acuerdo a Socialicence.com, los problemas más comunes cometidos por las compañías en este proceso son: percibir la obtención de una "Licencia Social" en términos de una serie de tratos, mientras que la comunidad otorga la licencia basándose en la calidad de la relación. Un desacuerdo cultural lleva las relaciones al fracaso.
Otros problemas podrían ser confundir Aceptación con Aprobación, Cooperación con Confianza y Credibilidad Técnica con Credibilidad Social. Algunas compañías no logran conocer a la comunidad ni las "reglas del juego" locales, y retrasan el compromiso con los grupos de interés o sencillamente no los cumplen. No dedican tiempo suficiente para el establecimiento de las relaciones, no dan información confiable o clara. Algunas no escuchan a la comunidad, o sencillamente subestiman el tiempo y esfuerzo necesarios, o sobreestiman la calidad de la relación con la comunidad.
Para lograr esta viabilidad las compañías primero deben lograr la legitimidad social y credibilidad en el proyecto, y así desarrollar la verdadera confianza. La presencia de legitimidad, credibilidad y confianza forman la base para la aprobación final de cualquier proyecto.
Se ve muy fácil en el papel, pero la realidad en Colombia es otra. Las necesidades de las comunidades en el país son tan grandes, que las compañías privadas en este camino terminan prácticamente suplantando al Estado en temas como educación, salud, vivienda, agua potable, alimentación, saneamiento básico, transporte y seguridad.
El desafío es muy grande, pero podemos empezar por aprovechar las oportunidades para trabajar juntos, con experiencias compartidas que generen el ambiente propicio para la reconstrucción de esta confianza.
En estos años debemos estar dispuestos a cambiar, y con la bandera de la paz a ser más vulnerables a las acciones del otro, menos equipados y más dispuestos. La confianza debe ser reconstruida y para esto se necesita mucho tiempo y esfuerzo.
La prioridad ambiental del nuevo Plan de Desarrollo 2014-2018 no deberá ser otra vez la reducción de tiempos de expedición de trámites. Necesitamos un Ministerio con la capacidad y autonomía suficientes para diseñar políticas, normas y estándares ambientales, que enfrente con calidad los grandes retos del entorno, y que lidere y resuelva con inteligencia y transparencia los graves problemas que actualmente se desarrollan en el país.
A trabajar señor Presidente, porque el licenciamiento social del país y la recuperación de la confianza ha llegado.
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