El gobierno venezolano prorrogó ayer por 60 días el estado de excepción que decretó hace dos meses en el estado Táchira conjuntamente con el cierre de la frontera con Colombia, según un decreto publicado en la Gaceta Oficial.
Esta medida impera en seis municipios fronterizos: Bolívar, Pedro María Ureña, Junín, Capacho Nuevo, Capacho Viejo y Rafael Urdaneta. Tal como detalla el decreto, restringe el tránsito de mercancía y bienes, permite la inspección y revisión por parte de autoridades de los domicilios, lugares de residencia o estadía, prohíbe reuniones públicas y suspende el porte de armas.
El decreto debe ser confirmado por la unicameral Asamblea Nacional y adicionalmente el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) debe pronunciase sobre su constitucionalidad, formalismos que ya fueron cumplidos hace dos meses —durante el inicio de la crisis bilateral—, por lo que nada hace pensar que no será aprobado.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro, había ordenado el 19 de agosto el cierre del principal paso hacia Colombia desde las ciudades de San Antonio y Ureña de Táchira, esgrimiendo como argumento “el combate al contrabando y a la violencia paramilitar” en la frontera.
Desde Zulia, Jesús Castillo Molleda, politólogo y docente, consideró que “lo de la frontera ya no es noticia y no trasciende entre la población venezolana, a pesar de que el gobierno quiere seguir jugando con el tema. Aunque las medidas de Maduro sirvieron para mejorar en cuanto a la escasez de combustible, todo lo demás sigue igual: desabastecimiento de alimentos, inseguridad, inflación, entre otros problemas”.
“En Venezuela, en cambio, todos están pendientes de lo que ocurra con Empresas Polar, ya que su presidente, Lorenzo Mendoza, será investigado porque supuestamente está conspirando contra el gobierno”, agregó.
Para Castillo, los venezolanos están centrados en los graves problemas de su vida diaria y en “cómo sobrevivir”, por lo que las decisiones del gobierno ante la frontera colombiana “pasan a un segundo plano”.
Desde agosto las autoridades venezolanas han detenido a 36 supuestos paramilitares colombianos.
“La medida del Gobierno del señor Maduro no tiene nada que ver ni con el problema económico en la frontera ni con la criminalidad (...) La única utilidad real que para el Gobierno tiene esto es de naturaleza electoral”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Jesús Torrealba .
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