“No más bombardeos”: crecen las protestas campesinas en Amalfi mientras el gobernador pide intensificar los ataques

Mientras desde la Gobernación de Antioquia se insiste en endurecer la ofensiva militar contra los grupos armados ilegales con más bombardeos, en las zonas rurales donde se desarrollan esas operaciones las comunidades campesinas elevan una petición en sentido contrario: que cesen los ataques aéreos sobre territorios habitados por población civil.

Voceros de las comunidades de las veredas San Miguel, La Reiza, El Tigrillo, La Picardía, Pavas, Crucero, Castillo y Arenas Blancas, en el municipio de Amalfi, emitieron este jueves un comunicado público en el que rechazaron el bombardeo realizado por el Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) la noche del pasado 10 de julio y exigieron que este tipo de operaciones no vuelvan a repetirse.

”Las comunidades campesinas no podemos seguir siendo expuestas a bombardeos ni operaciones militares que pongan en riesgo nuestras vidas, nuestras familias, nuestros bienes y nuestro derecho a permanecer en el territorio”, manifestaron los líderes comunitarios.

Los representantes insistieron en que niños, niñas, mujeres, adultos mayores y trabajadores del campo son población civil protegida por la Constitución, el Derecho Internacional Humanitario y los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que señalaron que “ninguna estrategia de seguridad puede desconocer esa protección”.

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La petición de las comunidades

En el pronunciamiento, los campesinos formularon cuatro peticiones concretas al Estado colombiano.

La primera es que inicien una investigación independiente, imparcial y transparente sobre lo ocurrido en la vereda La Reiza en el bombardeo del 10 de julio.

La segunda es asegurar la protección efectiva para las comunidades campesinas del núcleo zonal Arenas Blancas.

Otra es la reparación integral de los daños ocasionados a las personas y bienes afectados por dichos bombardeos.

Y, finalmente, exigen garantías de no repetición para impedir que futuras operaciones militares vuelvan a poner en riesgo a la población civil.

Además, advirtieron que, de persistir el riesgo para las comunidades, su representación jurídica iniciará las actuaciones necesarias para solicitar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con el fin de que el Estado adopte medidas urgentes de protección.

”No estamos discutiendo una estrategia militar; estamos defendiendo un principio fundamental del Derecho Internacional Humanitario. La población civil nunca debe convertirse en el escenario ni en la víctima de las hostilidades”, señalaron.

El bombardeo del conflicto

El comunicado surge dos semanas después del operativo militar realizado el 10 de julio en zona rural de Amalfi, en el que el Ejército y la Fuerza Aeroespacial bombardearon posiciones de la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Según el reporte oficial, la ofensiva buscaba debilitar la capacidad logística y armada de esa organización criminal y dejó como saldo la muerte de dos presuntos integrantes del grupo ilegal.

Sin embargo, días después la Fundación Sumapaz divulgó videos y testimonios de campesinos que denunciaron graves afectaciones derivadas de la operación.

En las imágenes se observan reses muertas con heridas provocadas, presuntamente, por las esquirlas de las explosiones. Mientras algunos habitantes hablaron de 16 animales muertos, otros elevaron la cifra hasta más de 40. Entre ellos había reses de razas Holstein y Brahman, algunas preñadas y cuyo valor comercial podría alcanzar hasta los $30 millones de pesos.

En últimas, estas afectaciones a los bienes son golpes directos a la fuente de sustento de las comunidades rurales de Amalfi, que viven de actividades económicas como la agricultura y la ganadería.

Los habitantes también denunciaron daños en viviendas cercanas al lugar del bombardeo.

”Requiero ver qué solución me dan también con mi casa; resultó afectada por unas esquirlas. Mi vista también resultó afectada... yo con harto sacrificio me conseguí esos animales trabajando, jornaleando”, relató uno de los campesinos afectados en declaraciones a Blu Radio.

Tras conocerse estas denuncias, organizaciones defensoras de derechos humanos solicitaron que se investiguen las posibles afectaciones a la población civil y que se establezca si la operación cumplió con los principios del Derecho Internacional Humanitario.

El dilema

El reclamo de las comunidades coincide con un momento en el que el debate sobre el uso de bombardeos vuelve a tomar fuerza en Antioquia.

Durante el reciente empalme regional con el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, el gobernador Andrés Julián Rendón pidió reactivar este tipo de operaciones contra los principales cabecillas de los grupos armados ilegales.

”Queremos, presidente, que ojalá usted pueda estrenar los bombardeos contra alias Calarcá”, afirmó el mandatario departamental.

La respuesta del presidente electo fue inmediata: “Bombardeos. No se preocupe, también vuelven los bombardeos”, dijo De la Espriella durante el encuentro.

Rendón también propuso una “Operación Cazador Antioquia”, enfocada en 19 objetivos de alto valor pertenecientes a las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y otras estructuras criminales, además de retomar pilotos de aspersión con drones.

Así, mientras desde el Gobierno departamental se plantea intensificar las operaciones ofensivas como una herramienta para recuperar el control territorial, las comunidades rurales de Amalfi advierten que el costo de esa estrategia está siendo asumido por la población civil.

El contraste evidencia uno de los principales dilemas de la política de seguridad en las regiones más afectadas por el conflicto: cómo combatir el fortalecimiento de los grupos armados ilegales sin que las comunidades campesinas, a las que se busca proteger, terminen soportando las consecuencias directas de las operaciones militares.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué reclaman las comunidades campesinas de Amalfi tras el bombardeo del 10 de julio?

Líderes de ocho veredas de Amalfi emitieron un comunicado exigiendo el cese inmediato de los bombardeos en zonas habitadas por población civil, una investigación independiente sobre los hechos en la vereda La Reiza, la reparación integral de los daños y garantías de no repetición.

¿Cuál fue el reporte oficial de las autoridades sobre la operación militar?

El Ejército Nacional y la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) informaron que el bombardeo fue dirigido contra la subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo, con el objetivo de golpear su estructura logística, dejando como saldo la muerte de dos presuntos integrantes del grupo armado ilegal.

¿Qué acciones emprenderán los campesinos si no reciben garantías de protección?

Las comunidades advirtieron que, de persistir las operaciones aéreas que pongan en riesgo sus vidas y bienes, sus representantes jurídicos acudirán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para solicitar medidas cautelares urgentes contra el Estado colombiano.