¿Y Antioquia qué? Petro dejó por fuera al departamento al referirse a crisis por lluvias

Hay detalles que cuentan y más cuando se trata de emergencias.

Este lunes, el presidente Gustavo Petro generó desconcierto entre varios municipios, organismos de socorro y autoridades en Antioquia al dejar por fuera al departamento de un balance de la crisis por lluvias que entregó a la Corte Constitucional, en su cruzada para revivir su criticado decreto de emergencia económica.

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El gesto, que si bien para muchos parecería no revestir mayor importancia, reavivó el malestar entre muchos de los que vienen haciéndole frente a la emergencia en el departamento, quienes consideran que el detalle refuerza la idea de que el gobierno central se estaría limitando a lo estrictamente necesario y tiene mayor atención en otras latitudes.

El desplante se desprende de una carta firmada por el presidente y dirigida a la Corte Constitucional, en la que le pidió a ese alto tribunal levantar la suspensión que frenó su declaratoria de emergencia económica.

El documento, que no consta de más de tres páginas, fue enviado electrónicamente durante la tarde del pasado lunes 9 de febrero y allí el presidente enumeró sus razones por las que debería revertirse la suspensión.

“Me dirijo a ustedes como Presidente de la República, con respeto profundo por la Corte Constitucional y por el papel esencial que cumple en la defensa de la Constitución y del Estado Social de Derecho. Pero también les escribo desde la responsabilidad concreta de gobernar en medio de una emergencia real, que hoy no admite dilaciones ni lecturas abstractas”, expresó.

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A lo largo de su escrito, el primer mandatario sostuvo que desde que se suspendió la emergencia económica el panorama del país se habría “agravado de forma acelerada y dolorosa” y aludió especialmente a la crisis por lluvias por la que atraviesan varias regiones.

“En los departamentos de Córdoba y Sucre: han muerto al menos catorce personas. Más de nueve mil viviendas han sido destruidas. Cerca de cincuenta mil familias, unas trescientas mil personas, han resultado afectadas. Más de treinta y cinco mil hectáreas productivas permanecen inundadas, comprometiendo el sustento y la alimentación de miles de hogares”, escribió el presidente.

A renglón seguido, Petro señaló que, de estar en vigor la emergencia económica emitida a través del Decreto Legislativo 1390 de 2025, podría actuarse con mayor rapidez.

“Cada día que pasa sin contar con todas las herramientas constitucionales disponibles significa más sufrimiento, más pérdidas y más riesgo para comunidades que ya han sido golpeadas duramente”, añadió.

Más allá de la delicada petición de la carta, que ya suscita consternación entre muchos de los gobernadores que se opusieron a la emergencia económica, en Antioquia causó sorpresa que el departamento ni siquiera clasificara para una enumeración del presidente, esto sin importar que son al menos 14 municipios en emergencia, sobre todo del Urabá, y por lo menos 9.147 familias damnificadas.

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El desplante del presidente tiene múltiples matices.

Conocedores de la atención de la emergencia por las actuales lluvias advierten que, si bien el Gobierno Nacional sí ha estado en contacto con las autoridades municipales y departamentales en Antioquia, el despliegue en el departamento distaría mucho del de Sucre y Córdoba, este último escenario incluso de un consejo de ministros.

En el caso de Antioquia, explican, el principal apoyo que ha prestado el gobierno central ha sido a través de la Ungrd, sobre todo en cuanto a la coordinación de vuelos con la Fuerza Aérea para distribuir los kits y ayudas humanitarias.

Las ayudas, cabe anotar, han sido conseguidas en su gran mayoría con recursos propios de la región y donaciones de la ciudadanía, que se ha movilizado masivamente para enviar alimentos no perecederos e implementos a los más necesitados.

El problema de dichas ayudas es que, pese a estar llegando a las cabeceras de los municipios afectados, distribuirlas en la ruralidad dispersa es un problema, razón por la que se necesita el apoyo aéreo.

Si bien desde el orden departamental se han incluso firmado contratos de arrendamiento, el apoyo de la Fuerza Área ha sido importante.

Por otro lado, autoridades reseñan que con el gobierno también se ha conversado de soluciones para restablecer la movilidad en el Puente Mulatos y que ha habido cierta coordinación logística para atender varios puntos críticos, sobre todo en las vías del orden nacional.

No obstante, para muchos, el principal frente en el que la Nación ha brillado por su ausencia es en cuanto a las acciones de fondo en materia de infraestructura que se necesitarán sobre todo para Urabá y que desde ya deberían estarse estructurando.

En otras palabras, si bien el gobierno ha cumplido con lo estrictamente necesario, las intervenciones más cuantiosas y de fondo en las que sí se necesita del músculo financiero del gobierno central para atender los daños están en veremos, tal como lo estuvo el proyecto del acueducto y muchas otras obras grandes que nunca se hicieron en Antioquia.

Cabe recordar que, de acuerdo con los últimos balances, se estima que en Urabá hay por lo menos 16.054 hectáreas afectadas y solamente en materia de vías hay 190 kilómetros a cargo del departamento con daños. Otros 70 kilómetros a cargo de la Nación afectados.

Mientras en el primer grupo el saldo incluye 22 pérdidas de banca, 45 derrumbes y 8 puentes afectados, en el grupo a cargo de la Nación son dos puentes afectados, 4 pérdidas de banca y 12 derrumbes.

En el caso de los municipios, el acumulado de vías críticas supera los 400 kilómetros.

A la luz de estas cifras, en la región tampoco ha pasado desapercibido que, mientras el nombre del departamento no clasificó para una mención, sí ocupó no obstante el primer plano para la sonada mención al proyecto de Hidroituango, al que el primer mandatario señaló sin mayores pruebas estar presuntamente asociado a las inundaciones.

“Estas inundaciones de Córdoba, Chocó, Sucre y Bolívar, tienen dos orígenes diferentes a investigar (...) De lo que la prensa no habla: las represas estaban súper llenas, Urrá irregularmente e Hidroituango y las demás, al límite, cuando nos decían que había escasez de gas”; dijo.

“Es decir había era abundancia de agua y ahora la botan gratuitamente de manera exageradamente dañina. Botan más de 2.500 toneladas de agua por segundo, saben cuántas pérdidas de vida y bienes perdió Colombia y saben”, aseveró Petro, quien ordenó con suspicacia investigar a ambos complejos.

Empresas Públicas de Medellín (EPM) ya ha desmentido técnicamente esa afirmación y ha señalado que la represa, contrario a lo afirmado por el presidente, le ha agregado un factor de seguridad a la situación.

“La central Hidroituango se encuentra funcionando de manera segura y estable, con seguimiento técnico permanente a los caudales del río Cauca y a todos los sistemas asociados a través del Centro de Monitoreo Técnico”, expresó John Maya Salazar, gerente general de EPM.